Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Reyes Corvalán había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando diez días antes fuera desalojado violentamente de su lote en Santiago del Estero. Agonizaba desde entonces en terapia intensiva. Ayer falleció.

"La criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, del territorio, de los bienes naturales y el desplazamiento forzado al que están siendo sometidos las poblaciones en Honduras, es también el resultado del modelo de exclusión y desigualdad implementado por el actual régimen, representado por el señor Juan Orlando Hernández, la industria extractivista, las élites y grupos de poder económico, político y social".

Em 11 de outubro, completa um mês da prisão de Willian Miranda Cabeçoni, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Agudos, interior do estado de São Paulo.

Arranca la cuarta ronda de negociaciones para lograr un tratado vinculante sobre multinacionales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones de todo el planeta denuncian la impunidad con la que estas empresas pueden evadir sus responsabilidades.

El día 12 de octubre ingresaron aproximadamente 10 policías al Paraje de Suncho Pampa para ejecutar un desalojo al poseedor del lote Héctor Reyes Corvalan. "Durante este violento desalojo se realizaron destrozos (hornos, cercos, entre otros), amenazaron de muerte, mataron los perros, desaparecieron las doscientas (200) cabezas de ganado, dispararon balas de goma e incendiaron el rancho de la familia, hechos gravísimos donde sufrió heridas de gravedad el compañero Héctor Reyes Corvalan, con quemaduras en todo su cuerpo y heridas de bala de goma". 

La justicia se ha construido en base a una lógica colonizadora y occidental. Belén Leguizamón, abogada querellante en la causa e integrante de ANDHES, percibe mucha violencia simbólica en este juicio “porque no se han generado las condiciones necesarias para una lectura intercultural ni para el entendimiento de otra cosmovisión”.

Uno de los grupos paramilitares autodenominado “Águilas Negras-Bloque Central” envió amenazas de muerte a organizaciones indígenas y defensores de los derechos humanos y derechos de los pueblos a través de panfletos que fueron regados en el departamento colombiano de La Guajira.

En 2014 se celebró una victoria de los pueblos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: la aprobación de la Resolución 26/9 que estableció un nuevo Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por su sigla en inglés) para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales (ETNs) y otras empresas con respecto a los derechos humanos.