Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Mendoza está en ebullición. Una de las leyes pilares de la provincia la 7722 que protege el agua de la megaminería hidrotóxica se ve amenazada por el proyecto de modificación del senador Alejandro Abraham de Unidad Ciudadana donde se mantiene la prohibición al cianuro, pero se elimina el texto que señala “otras sustancias similares”, permitiendo el uso de xantatos y otrás sustancias y técnicas nocivas para el medio ambiente. 

Activistas y expertos mexicanos, así como de países de Centroamérica y Sudamérica, participarán como miembros del jurado en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras, que se desarrollará desde el próximo jueves en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña.

Un grupo de comunidades indígenas iniciaron ayer una caminata de diez días desde la puna hasta la capital jujeña. El objetivo es visibilizar ante la sociedad y los funcionarios del gobierno las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Resonancias de la I Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos que se realizó del 15 al 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca.

"En estas tierras, en nombre del “Desarrollo Sostenible”, se ha proyectado la construcción de tres presas hidroeléctricas, Pojom I, Pojom II y San Andrés, que serán alimentados por el desvió de las aguas de los ríos Negro, Pojom, Yalwitz, Primavera, Varsovia y Palmira. En respuesta, las comunidades indígenas de la región, sostienen por más de 4 años una resistencia contra este proyecto energético".

La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas. El marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados.

A las organizaciones que aquí se suscriben les preocupa que la ampliación del uso de la bioenergía y otros bio-productos de vida corta (la llamada bioeconomía) tengan un impacto perjudicial sobre el clima, los derechos humanos, la protección de la naturaleza y sobre la transición a un sistema energético bajo en carbono. Rechazamos la Plataforma Biofuture y otros desarrollos similares...¡Firme la declaración!

En esta etapa de definición ya no hay lugar para dobles discursos, es por esto que los estados quedaran expuestos: Por un lado aquellos que prioricen los Derechos humanos y fundamentalmente de los derechos campesinos votaran afirmativamente, por otro lado, los gobiernos subordinados a las intereses de las corporaciones transnacionales y el capital financiero se abstendrán o votaran en contra.