Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

"A todas luces, esta Guía de consulta, que se plantea como documento base para la elaboración y aprobación del próximo reglamento de consulta en el Congreso de la República, tiene por finalidad fulminar todos los procesos de las resistencias comunitarias en los territorios indígenas y campesinos".

El último jueves, aproximadamente un centenar de nativos wampís, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santiago, desalojaron a mineros ilegales de la quebrada Pastacillo, afluente del río Santiago y Marañón (región Amazonas). La acción incluyó la destrucción de dragas.

El 29 de Junio se celebraron 8 años de la recuperación de tierras comunales en Ostula. La encargatura de Xayakalan, ubicada en la costa conmemoró un año más del renacimiento de esta pequeña comunidad a partir del rescate de más de mil hectáreas que habían sido robadas a la comunidad indígena nahua por pequeños propietarios asentados en el poblado de La Placita.

"Esta sentencia del Segundo Tribunal, es un paso positivo pero que la sentencia no se ha pronunciado por la devolución de las tierras del humedal al Estado ni el cierre inmediato de los canales que están desaguando Matusagaratí".

Esta cartilla quiere explicar todo el procedimiento sobre la Consulta Popular y de Iniciativa Ciudadana, impulsada en el municipio de Ibagué y Cajamarca, para que cualquier comunidad de Colombia que quiera hacer una, tenga esta herramienta accesible para poderla realizar.

Na ocasião, foi feita a leitura da carta final que apresentou uma síntese das plenárias e da trajetória de luta que a Romaria tem construído em suas 40 edições.

“La gente vota no a la minería porque su reclamo legítimo no tiene respaldo en el Gobierno Nacional, que desconoce los fallos de la Corte sobre un artículo del Código de Minas que declaró inexequible el año pasado, ya que dicha norma decía que los municipios y departamentos no pueden prohibir la minería y esa ley lo que estaba haciendo era desconocer la Constitución Política”, dice Álvaro Pardo.

Esta salida responde a las denuncias y lucha incansable que el COPINH ha realizado en contra del financiamiento por parte de bancos a proyectos que abiertamente violan los derechos de las comunidades Lencas y son impuestos y desarrollados mediante el asesinato de líderes y lideresas como Berta Cáceres y Tomás García.