Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El Copinh se hizo presente en el III Congreso Internacional de Minería, para decirle de frente y en su cara a todas las empresas mineras que no pueden seguir negociando los territorios de las comunidades indígenas y campesinas.

La semana pasada, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital guatemalteca, exigiendo el cierre definitivo del proyecto minero El Escobal y el respeto a su identidad como pueblo originario. Se estarían utilizando 1253 m³ de agua al día para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumiría en 96 años.

Campesinos del corregimiento del Carmelo, en el municipio de Cajibio, Cauca, denunciaron que, pese a que se han acogido a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y firmaron actas comprometiéndose, la Fuerza Pública viene realizando erradicaciones de cultivo forzadas. La última se hizo el pasado 25 de julio en una operación en conjunto entre el Ejército y el ESMAD.

"Al final de las actividades realizadas en el marco del día estatal de rebeldía contra la minería, los presentes refrendaron su compromiso con la vida, y seguir en el camino de la lucha, porque aquí, en los valles centrales le decimos si a la vida y no a la minería".

"Pese a estos y abundantes datos y testimonios científicos presentados por los demandantes y en dos amicus curiae, la SCJN afirmó que no se podía pronunciar sobre los riesgos del glifosato y aunque reconoció otras faltas, en la sentencia de Quintana Roo, agregó un elemento que recoge puntualmente lo que piden las empresas que es que las decisiones se deben basar “en la mejor evidencia científica disponible”.

Se ha hecho una entrega de una carta al gobierno colombiano "con el objeto de exigir el respeto a la voz de las comunidades y los diferentes movimientos socio-ambientales que han implementado consultas populares contra proyectos extractivos en su territorio".

"Radio Mundo Real presenta un resumen de la ponencia en el plenario de la Conferencia presentada por Marina Dos Santos del Movimiento Sin Tierra de Brasil a nombre del Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina".

Sentencia de la Suprema Corte de la Nación acerca de la siembra de soya genéticamente modificada en las comunidades del municipio de Bacalar Quintana Roo, México.