Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) «ha retrasado el cierre» del juicio de amparo contra el Tren Maya promovido por pueblos, comunidades indígenas, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, «a pesar de la solidez de la evidencia presentada» sobre los impactos ambientales en los siete tramos del megaproyecto, denunciaron colectivos y organizaciones.

El estudio titulado “Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024” representa un esfuerzo colaborativo esencial entre la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación ProPurús. Este año contamos también con la invaluable colaboración de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR y con el aporte de expertos y especialistas que han nutrido y enriquecido en largas discusiones los principales hallazgos.

La realización del 3er Foro Global Nyéléni en septiembre de 2025 promete ser uno de esos mojones que estructuran la historia de las luchas de los pueblos, en este caso de los movimientos y organizaciones campesinas que promueven la soberanía alimentaria, y de todas las organizaciones que les acompañan con esa bandera en cada rincón del planeta.

El asesinato de dos defensores ambientales en Perú ha puesto en evidencia el avance de actividades ilegales en su zona de amortiguamiento. Ambos pertenecían al pueblo espiritual harakbut que habitan el sur amazónico de Perú y que durante una década intentaron escapar de la criminalidad organizada por el avance del narcotráfico y la minería. Ahora, aceptaron su realidad, han sido invadidos, pero no se resignan a seguir luchando por justicia.

Líderes del resguardo indígena Cotuhé Putumayo, en la Amazonia colombiana, dicen no conocer la iniciativa de carbono que se está desarrollando en su territorio y que ya vendió más de 3 millones de bonos. La empresa que lo desarrolló y la que lo auditó son las mismas involucradas en otro proyecto hecho a espaldas de la comunidad indígena que lo alberga en la cordillera andina de Colombia y que fue suspendido por orden de un juez. El mayor comprador de créditos en este nuevo proyecto opaco ha sido, al igual que en el anterior, la petrolera estadounidense Chevron. Tanto desarrolladora como auditora y certificadora se han negado a entregar información del proyecto a Pepe Cham, representante legal de la Asociación Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar).

Conforme se empieza a definir la PAC posterior a 2027, nos enfrentamos a desafíos colosales: un contexto geopolítico inestable, la desaparición drástica de explotaciones agrícolas, la pérdida de varios cientos de campesinxs cada día que son rápidamente sustituidos por modelos agrícolas a gran escala e industrializados; pequeñxs campesinxs en situación de pobreza, la monopolización de los medios de producción (agua, tierra, etc.) por parte de unos pocos, fenómenos climáticos y sanitarios extremos cada vez más frecuentes, el agotamiento del suelo, la contaminación vinculada a las prácticas agrícolas, el aumento de la inseguridad alimentaria… y la lista podría ser aún más extensa.

Esperanza Martínez es bióloga, abogada y fundadora de la organización ecuatoriana Acción Ecológica. Referente en su país de la defensa de los derechos de la naturaleza, dialogó con Mongabay Latam sobre la batalla de los ecuatorianos por salvar al Parque Nacional Yasuní de la explotación petrolera y minera. Además, debate sobre el rol de los pueblos indígenas en la lucha ambiental y explica por qué cree que se han convertido en sus férreos defensores. “Hubo una gran ausencia de la naturaleza y de lo ambiental en esta elección presidencial”, aseguró.

"Los sistemas de jubilación que existen en el Sur global son, principalmente, remanentes del período colonial, donde las pensiones eran provistas por el estado solo a ciertas categorías de empleados estatales. Con la independencia, los países extendieron estas pensiones estatales a un mayor número de trabajadores de gobierno. También entregaron incentivos para que quienes trabajaban en el sector privado aportaran a planes de pensión públicos o privados. El razonamiento era que estos sistemas cubrirían gradualmente a la totalidad de la población trabajadora en la medida que las economías industrializadas y las personas migraran del trabajo “informal” al “formal”. Pero, la realidad es que los trabajos llamados informales continúan dominando en los países del Sur global y gran parte de quienes trabajan en el campo y en el sector alimentario pueden considerarse parte de esta categoría".