Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas condenó el asesinato del líder del CONAIE y pidió que no quede impune.

América Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor cantidad de represas, ligadas en su mayoría a la producción de energía. Estas obras de infraestructura avanzan, en muchos casos, sin contar con licencia social, y son múltiples los impactos que generan en términos ambientales y de relocalización de habitantes, gran parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas. En este artículo, la autora aborda los casos de la represa de El Zapotillo (México), y las hidroeléctricas La Elena (Argentina) y Belo Monte (Brasil).

La presente declaración es impulsada por una coalición de comunidades afectadas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, que pedimos al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente. Estas demandas o su simple amenaza pueden ir en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental.

Siguiendo los pasos de Lewis y Benetton, capitales qataríes intentan apoderarse de las nacientes de cinco ríos, entre los que se encuentra el Río Chubut. La Lof Cayunao bloquea nuevamente con sus cuerpos un alambrado que por segunda vez pretenden tender en las altas cumbres, esta vez con ayuda, y hace un llamamiento general a resistir y revertir estas apropiaciones mediante negocios turbios de un territorio que debería ser intangible. Además de la guardia en el filo del cerro, lxs Defensores del Río Chubut han hecho denuncias penales, han presentado habeas corpus preventivo y trabajan en la presentación de un amparo ambiental. Este lunes 13 volverían los alambradores con seguridad privada, mientras crece la solidaridad y el apoyo hacia quienes resisten este intento de terricidio.

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), como organización miembro de La Vía Campesina, el CETIM y la Red Whipalas, en colaboración con la organización de la sociedad peruana en Suiza “Quinto Suyo” y el Colectivo Perú Solidario – Bélgica, sometieron una queja ante diferentes mecanismos de protección de derechos humanos de la ONU para denunciar las violaciones y la represión contra el pueblo peruano, en el marco del estallido político y social que afecta al país desde el quiebre institucional de diciembre 2022.

La empresa Amway-Nutrilite –cuyo nombre viene de American Way o modo americano– es una empresa estadunidense de ventas directas de suplementos alimentarios y cosméticos, ocupante de las tierras del ejido San Isidro en Jalisco. Si cualquier lector o lectora consume alguno de sus productos, sobran razones para dejar de hacerlo inmediatamente.

Álvaro Álvarez es Doctor en Geografía (UNLP), docente de Geografía Económica y Geografía de América Latina en FCH-UNCPBA. Es Magíster en Ciencias Sociales y Licenciado en Relaciones Internacionales por la misma facultad. Integra el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Investiga temas vinculados al estudio de la infraestructura extractivista, donde enfatiza el rol de los movimientos socioambientales en las disputas por el territorio. Recientemente publicó el libro “Infraestructura de transporte y disputas territoriales. La IIRSA en Santa Fe”, un estudio crítico sobre las megaobras de infraestructura en la región, su relación con el capitalismo, el agronegocio y los impactos socioambientales, haciendo hincapié en el proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Ambiente en Lucha dialogó con él sobre estos y otros temas.

En las últimas semanas, movimientos violentos del suelo y el peligro de aludes provocados por la exploración minera del proyecto MARA preocuparon a vecinos del Distrito Choya. “Hace diez meses que esto parece una película de terror, pero es real y tiene responsables”, denuncian.