Pesca

En medio de la recta final del debate sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero, dirigentes de la pesca artesanal emplazan a los parlamentarios de la comisión mixta a no ceder ante la presión industrial y a respaldar medidas clave que buscan garantizar justicia en la distribución de los recursos marinos, asegurar el financiamiento del proyecto y avanzar hacia una protección social efectiva para el sector.

En 2008 la autoridad local medioambiental de Los Ríos aprobó un proyecto de piscicultura presentado por la empresa de capitales japoneses Salmones Antártica. A 17 años de esa evaluación, la iniciativa comenzó sus obras de edificación en enero de este año, lo que ha generado oposición entre grupos que habitan la zona. Así, hoy se mantiene viva una disputa entre la empresa, que asegura cumplir con todas las normativas actuales, y ciudadanos laguinos que, en defensa del río San Pedro, buscan frenar activamente la iniciativa. Aquí, las versiones de cada parte.

Dadas las características de los hechos conocidos, de alcance regional y nacional, sería bienvenido que también se alzara la voz para pedir mayor fiscalización y respuestas. En tragedias que ya no son sólo de carácter socioambiental; se relacionan con la vida de compatriotas.

La industria salmonera en Chile ha bloqueado leyes ambientales, presionado contra territorios indígenas y evitado sanciones, revelando su influencia en el Estado. Casos clave: rechazo a protección de áreas en el SBAP, modificación de la Ley Lafquenche, suspensión de nueva ley acuícola y caducidades incumplidas. Comunidades denuncian desinformación y complicidad estatal.

Un estudio publicado por Seas At Risk, BUND, Ecologistas en Acción y Sciaena, acerca de la economía política del sector pesquero en Europa, revela que el sistema actual favorece la industrialización y la concentración económica en detrimento de prácticas más respetuosas con el medio ambiente y de una distribución más justa de los recursos marinos. Las organizaciones ecologistas subrayan que los aspectos sociales deberían tener mucho más peso para la transición hacia una economía pesquera más justa y sostenible a largo plazo. Para ello, debe reforzarse la implementación de herramientas legislativas ya existentes como el artículo 17 de la Política Pesquera Común.

Los peces gordos del sur: el poder oculto de la empresa, sus vínculos con la política, el medioambiente y una tragedia que aún busca justicia.

La Ley de Fraccionamiento Pesquero está a punto de votarse en el Congreso y según los autores de esta columna escrita para CIPER carece de dos elementos fundamentales: incorporación de las comunidades indígenas y el respeto por el medio ambiente. Sostienen que “es imperioso que una ley tan relevante como la que pretende distribuir los recursos pesqueros en Chile, sea pensada desde la perspectiva de los derechos humanos. De lo contrario, no estará a la altura de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad y seguirá perpetuando la marginación de las comunidades y el daño ambiental”.

Fue publicado el último reporte anual del estado de pesquerías y especies emblemáticas se mantienen en situación crítica.Pescadores y pescadoras artesanales de merluza común y merluza austral llaman al gobierno a implementar programas de recuperación tal como lo estipula la ley.