Petróleo

El Senado de la República decidió en sesión de este miércoles que el artículo 210 en ley de regalías no irá. Así, ganaron quienes no quieren fracking en el país.

Escribo este breve texto, a partir del Amicus Curiae que presenté en la acción de protección con medidas cautelares en contra de la empresa Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) de Ecuador, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador), el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. El Amicus Curiae lo elaboré en mi calidad de ciudadano ecuatoriano comprometido con nuestro país, como exministro de Energía y Minas (2007), como exfuncionario de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) (exsubgerente de comercialización entre otras funciones, 1980-1983), como consultor en temas de energía y petróleo, así como expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008) (que expidió la vigente Constitución de la República del Ecuador), y desde el año 2014, como juez en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

"La forma como vienen ocurriendo de forma permanente y sistemática derrames petroleros e incidencias de otro tipo en la industria (que se unen a la absoluta desidia gubernamental ante la que ocurren la deforestación, minería ilegal, contaminación de cuerpos de agua, entre otros), unido a la desfachatez con la que se subestiman los impactos negativos que estos eventos producen, conforman no sólo una constante que pone en riesgo la vida de los ecosistemas y el provecho humano que de ellos se obtiene, sino también revelan que nos encontramos ante un marco de impunidad socio-ambiental que, además se está agudizando en los tiempos de pandemia".

La alianza TICCA, que agrupa a más de 150 organizaciones de pueblos indígenas, comunidades locales y de la sociedad civil, comprometidas con procesos de defensa territorial en más de 80 países, emitió una alerta [2] en solidaridad con la Nación Wampís para hacer eco de sus demandas por el respeto a los derechos a la salud, a la vida y al ambiente sano de los pueblos indígenas. 

El Monitoring or the Andean Amazon Project (MAAP) ha podido constatar mediante imágenes satelitales, que 2,2 kilómetros fueron abiertos hacia el sur de la Plataforma Petrolera Tambococha B, entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, en plenas medidas de emergencia nacional por la pandemia de la COVID19.

"Crisis humanitaria pues a la crisis sanitaria se ha juntado una crisis laboral, millones de desempleados en los países centrales al igual que en los periféricos, la crisis alimentaria, regiones y pueblos que no pueden acceder a alimentos, y una crisis de gobernanza global: cada potencia intenta salvarse por su lado a costa del resto del planeta: he ahí a Trump jaqueando a la debilitada Organización Mundial de la Salud. Una de esas repercusiones es la crisis petrolera: el hidrocarburo ya no garantiza al patrón de acumulación predominante y este empieza a crujir".

“La comunidad está bien, no hay infectados por Covid, pero las necesidades son bastantes en este momento. Hasta ahora, el gobierno no ha llegado con información, apenas una pequeña ración de comida” dijo Katty Balladares de la comunidad Mandari Panga que vive en el río Tiputini.

La importancia de que en medio de la pandemia causada por el COVID19 se esté dando este declive en la ya decadente industria del petróleo y, al mismo tiempo, se esté alcanzando ese pico en la demanda del crudo, la cual se predijo hace ya algunos años, plantea la necesidad de volver a la realidad y poner los pies sobre la tierra.