Tierra, territorio y bienes comunes

Dado que se cuenta con muchos elementos a favor de los comuneros de Tilzapote y un juicio con un 90 por ciento de avance, los políticos y empresarios que pretenden hacerse de 300 hectáreas de franja costera han echado a andar una maquinaria propagandista para confrontar y confundir a los comuneros y así caigan en un estado de desesperación, advirtió Edith Santibáñez, representante legal del grupo de pobladores.

Según las cifras del Sistema de Información de agresiones a defensores de derechos humanos SIADDH adelantado por el Programa no gubernamental Somos Defensores, desde 2016 hasta septiembre de 2018, 295 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia y 1.046 amenazadas, todo para que sus ideas no sean escuchadas.

Las comunidades campesinas y nativas deben cumplir procedimientos con más de veinte pasos, que –en algunos casos– se prolongan hasta por veinte años de espera, para el reconocimiento y titulación de sus tierras comunales. Ello se debe a un régimen jurídico obsoleto y discriminatorio, vigente por más 30 y 40 años, que debe ser reformado y simplificado de manera integral.

Hablar del feminismo en Colombia es un desafío que hemos enfrentado las mujeres, particularmente en las dos últimas décadas ya que es el resultado de las luchas históricas. Conquistar el reconocimiento por el aporte que históricamente hemos hecho para el desarrollo de las sociedades nos llevó a enfrentar contextos sociales, económicos, políticos y culturales profundamente agresivos que han causado daños y afectaciones a la vida física y psicológica de las mujeres y sus familias. 

Al cultivo de la tierra en Palestina se le atribuye el reconocimiento popular de ser la columna vertebral de la sociedad y la economía palestinas, y a los campesinos el de ser  el último bastión de la resistencia.

La detención en Pucallpa del director regional de agricultura (Isaac Huamán) y el director de saneamiento físico y legal de la propiedad agraria (Christopher Hernández), acusados por delitos vinculados al tráfico de tierras, marca un hito en una historia reciente de conflictos por la tierra y deforestación en Ucayali. Estos funcionarios eran los principales responsables de los procesos de titulación en la región, tanto para titulaciones comunales como individuales. 

Las mujeres que buscan la protección de los derechos de las comunidades indígenas tienen que hacer frente a la represión de los poderes económicos, pero también a la coacción y violencia que hay dentro de las propias comunidades indígenas que, ancladas en la tradición patriarcal, impiden que las mujeres tengan relevancia dentro de las decisiones políticas.

En aras de una interpretación decolonial, desde los pueblos podemos recrear una comprensión de nuestra historia de larga duración, que permita observar cómo la gesta juarista de definición territorial y política de la Nación representó para nuestros pueblos el sustento constitucio­nal de la usurpación. Esto propicia hasta hoy obstáculos para nuestra defensa ante las pretensiones de privatiza­ción a través de megaproyectos eólicos, ferroviarios y mi­neros: la “cortina desarrollista” del Istmo de Tehuantepec.