Tierra, territorio y bienes comunes

Miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones campesinas expresaron su preocupación por la iniciativa de ley agraria propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pues consideran que permite el despojo de los territorios indígenas y busca armonizar las disposiciones legales con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos.

Como se había esperado desde el inicio, tras el anuncio en junio pasado por parte del ECUARUNARI y la FOA de Azuay, en el contexto del Encuentro Nacional Antíminero realizado en Cuenca sobre la intención de marchar por la defensa del agua y la vida frente a la minería, la fecha llegó al fin. 

El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas.

Como un teléfono celular roto que solo puede enviar mensajes de texto o tomar fotos, pero no hacer una sola llamada, más del 75 por ciento de las áreas terrestres de la Tierra han perdido parte o la mayoría de sus funciones, lo que socava el bienestar de los 3.200 millones de personas que dependen de ellas para producir cultivos alimentarios, proporcionar agua limpia, controlar inundaciones y más.

Comunidades zapotecas, defensores de derechos humanos y activistas exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se apegue “estrictamente a los estándares sobre consulta indígena y cancelar los permisos otorgados a la empresa Eólica del Sur”, filial de la transnacional Mitsubishi que construye un parque con polígonos en Juchitán y El Espinal con 132 aerogeneradores.

Horacio Reyes Corvalán falleció el 23 de octubre después de diez días de agonía. El campesino del Paraje de Suncho Pampa ubicado a 260 km. de la ciudad Capital de Santiago del Estero, encontró el final producto de las lesiones sufridas en el violento desalojo que realizó la Policía de la Comisaría de El Mojón.

"En un proceso de cuatro escuelas de participación popular en medio ambiente y salud en los últimos años, se ha develado la necesidad de la formación permanente para el fortalecimiento de los dirigentes y dirigentas que se organizan en los territorios, como forma de resistir a proyectos extractivistas y conseguir mejoras en la calidad de vida de las comunidades a las que pertenecen".

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución de las 280 hectáreas de las tierras comunales de Tepoztlán que desde hace 20 años la empresa Pirámides y Convento quería utilizar para un club de golf.