Ramón Vera Herrera

El 5 de noviembre, en Las Carreras, Durango, las autoridades tradicionales y agrarias de cuatro grandes comunidades del pueblo wixárika o huichol rechazaron por unanimidad la sentencia del Tribunal Unitario Agrario del distrito VII en Durango con la que el gobierno mexicano insiste en no reconocer el derecho ancestral de la comunidad de Bancos de San Hipólito a su territorio (en particular las 10 720 hectáreas que siguen en litigio con San Lucas de Jalpa)

La certificación de las tierras de ejidos y comunidades empujada con no mucha sutileza por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), y su variante comunal (Procecom), es una privatización, así lo encubran, minimizando sus impactos, diversos voceros de la Procuraduría Agraria mientras avanzan en todo el esquema programado a partir de volver mercancía, es decir, una cosa, todas las tierras mancomunadas cuyo signo es encarnar relaciones sociales profundas

"Ante el sometimiento del Estado mexicano a los intereses del gran capital, hemos llegado a la conclusión de que no podemos solicitar el reconocimiento de derechos a un Estado que ante nuestros ojos ha perdido toda legitimidad. Le gritamos al Estado mexicano que impugnamos toda su corrupción, todo su sistema político de partidos y todas sus legislaciones que no obedecen al interés del pueblo; que cuestionamos todo su modelo de desarrollo, su sistema racista y discriminador, y rechazamos su política de exterminio y represión contra los pueblos, comunidades y personas cuyo único delito es defender la vida"

Casi toda la gente del plantón de protesta por la detención de más de 200 personas en San Salvador Atenco estaba dormida. Por la angosta carretera que pasa a un lado de los ominosos muros, rejas y alambradas del Penal de Santiaguito, no circulaba nadie. Las luces y el movimiento de la caravana del Congreso Nacional Indígena (CNI) fueron despertando a algunos de los familiares y amigos de los presos

La ciudad es un virus que fagocita los campos aledaños y en su guerra de conquista devasta los antiguos y "ajenos" territorios haciendo que enormes cantidades de campesinos la inunden, precarizados, lo que de nuevo expande la ciudad en un círculo vicioso que no habrá de parar con ningún modelo mientras no minemos los cimientos de la lógica del progreso, en su acumulación-devastación

Tan sólo en Orellana, Sucumbíos, Napo, Pastaza y Esmeraldas, regiones ecuatorianas (donde operan las petroleras, madereras, mineras y los planes geopolíticos militares estadunidenses), quitan el aliento al más plantado los restos de breas y crudo más el “agua de formación” usada en los procesos petroleros botados en los brazos de agua y los pozos, las lagunas y los predios

Genocidio en ciernes: uno se pregunta si el Plan Colombia no es en realidad un Plan Amazonía que, menospreciando por completo las estructuras del Estado ecuatoriano, o en complicidad con un gobierno que se declaró "neutral" en el conflicto armado colombiano, posicione a Estados Unidos y las empresas petroleras en un espacio geopolítico privilegiado para seguir expandiendo su voracidad global

Reflexionar desde abajo, con horizonte, con perspectiva, las condiciones que pesan como losa para los pueblos, los hizo entender que cualquier desarrollo y bienestar auténticos pasa centralmente por fortalecer sus estructuras internas, comunitarias, autogestionarias, por ejercer soluciones propias, formas más justas de gobierno. Cualquier respuesta compleja pasa por el control de sus territorios. Sin este anclaje a su territorio propio, que es sobre todo el tramado de relaciones que les han permitido sobrevivir como pueblos, que le dan coordenadas a su ser en el mundo, cualquier otra respuesta viene a mellar lo que han sido y lo que han decidido seguir siendo