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"En el marco del Tribunal Popular Internacional de Salud (TPIS) y con fundamento en el derecho internacional de los Derechos Humanos, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – M4, exige la suspensión inmediata de todos los proyectos mineros desplegados por Goldcorp en Mesoamérica."

La siembra de soya, maíz y otros granos y oleaginosas transgénicas pone en riesgo la producción de orgánicos, a la cual se dedican 130 mil productores que destinan 400 mil hectáreas a dicho tipo de cultivos y cuyas exportaciones superan los 4 mil millones de pesos anuales, expusieron productores.

La situación de las fumigaciones en todo tipo de producción agraria es sumamente peligrosa y va empeorando. Luego de múltiples estudios e investigaciones científicas y periodísticas, nos detendremos en las fumigaciones aéreas sobre cultivos transgénicos.

"Necesitamos que vengan todos los que crean que las personas no son plantas, que no se los puede fumigar con poderosos venenos porque en el campo vecino el sojero tiene una necesidad productiva que la impusieron empresas. Necesitamos que vengan todos los que crean que es posible otra agricultura, respetando a la madre tierra, a los pueblos campesinos, los pueblos originarios y que tenemos que defender la soberanía alimentaria."

Ayer 16 de Julio se resolvió en asamblea, donde participamos colectivos y organizaciones populares de toda la Argentina y asambleas locales, realizar un corte selectivo e informativo en la intersección de las rutas 60 y 40, en el cruce Cerro Negro, en la provincia de Catamarca.

Las comunidades wichí La Corzuela y La Chirola denunciaron ayer que se están realizando desmontes a 20km de esa localidad, en el Departamento General San Martín. Los comuneros intentaron, sin mayor éxito, impedir que las topadoras avance.

Emgesa, con el silencio cómplice del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desaloja y destruye vivienda al jornalero CARLOS ALBERTO MARÍN, quien trabaja desde hace más de 20 años en actividades agrícolas y quien además es uno de los cientos de habitantes que Emgesa desconoció en el Censo de Afectados.

"Nosotros no le pedimos al Gobierno que legalizara ni reconociera a la Guardia Indígena: le exigimos, que la respete y que cumpla con sus obligaciones constitucionales y le brinde todo el respaldo que requiere para recuperar el control territorial que ancestralmente nos pertenece."