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El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

En lo que va de 2021 por lo menos tres defensores del agua han sido asesinados en el país, igual número de casos que en todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebatan el líquido vital a sus comunidades.

Projetos de Lei que tramitam na câmara ameaçam regulamentar ocupações de terra irregulares, alterar as regras de demarcação e liberar a mineração em terras indígenas e flexibilizar a concessão de florestas públicas.

Desde la ausencia de consulta previa hasta irregularidades de funcionamiento de todo tipo pasando por la falta de un estudio completo de impacto ambiental: el puerto que la transnacional Cargill opera desde 2003 sobre el río Tapajós, en el estado de Pará, se saltea alegremente normas ambientales elementales, pasa por encima de los derechos de los pueblos indígenas que allí viven y tiene consecuencias económicas negativas sobre la región.

El pasado 29 de junio la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul aprobó un proyecto de ley (260/2020) enviado por el gobierno que modifica la legislación sobre el uso de agrotóxicos en el estado. La nueva norma apunta a permitir la importación y el uso en cultivos de productos prohibidos en sus países de origen.

Fernando Lopepe es productor rural bonaerense y relata su experiencia de producción familiar, que va desde la cría de vacunos hasta la venta en su propia carnicería con un letrero bien grande que no deja dudas: “Carne saludable”.

El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.

Os pesquisadores Antonio Oviedo (ISA) e Juan Doblas (Inpe) analisaram 33 anos do uso da terra e verificaram a enorme contribuição das áreas protegidas ao patrimônio socioambiental do Brasil.