Argentina

 Alguien hubiese imaginado las implicancias, cuando en aquel verano de 1996  se aprobó, por  Resolución Nº 167, del entonces Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, Ingeniero Felipe Solá “la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de esta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”. Seguramente no, sin embargo después de más de 20 años de producción ininterrumpida con cosechas de soja récords que año a año se superan, las consecuencias ambientales  y sanitarias son claramente muy alarmantes.

Las barriadas populares en verano padecen escasez de agua, baja inversión en obras y falta de planificación, lo cual, sumado a la discriminación territorial, pintan una gran desigualdad, entre los que tienen jardines y piletas de natación, y quienes ni siquiera pueden acceder al agua para cocinar sus alimentos.

En Argentina se aprobaron 60 transgénicos en base a informes de las empresas interesadas. El informe de la AGN denuncia que el Estado no tiene en cuenta los impactos sociales ni ambientales.

Nos enseñaron que E=Energía. Pero no nos dijeron qué tipo de Energía ni para quién estaba orientada. Hoy en todo el mundo su producción genera conflictos y el consumo energético reproduce las desigualdades propias del actual sistema económico. A esto se suma la desmedida quema de combustibles fósiles que alimenta la peor crisis que hoy afrontamos: el cambio climático.

El Juzgado Federal Civil y Comercial Nro 8 de la Capital Federal rechazó la demanda de Bayer en la que reclama derechos de patentes por una invención de secuencia genètica según la cual se logra que las plantas que llevan insertas el transgen con aquella toleran niveles de hasta 4 kg/ha del agrotóxico glifosato.

El Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, espacio que integramos más de 80 organizaciones, presentó en la Facultad de Medicina de la UBA los 21 puntos elaborados en CABA en mayo a los nuevos ministros y funcionarios de áreas involucradas.

A poco más de una semana de haber sido aprobada, se derogó la Ley 9209 que modificaba la Ley 7722 que protegía a Mendoza de la megaminería. Conmovida por una pueblada a nivel provincial, casi la totalidad de la dirigencia política tuvo que dar marcha atrás con los proyectos mineros que amenazaban el agua. Con una sesión express, se aprobó en el Senado con 34 votos afimativos y 2 en contra. Inmediatamente se inició la sesión en la Cámara de Diputados que dio sanción definitiva a la derogación de la «ley minera» y por lo tanto vuelve a regir la 7722. 

En Argentina los alimentos que tenemos sobre la mesa, el 60%, están elaborados por la producción que el otro campo ofrece, está muy vinculada al gran trabajo de los pequeños productores ubicados en los principales cordones del conurbano bonaerense. Este sector de trabajadoras y trabajadores rurales se integra entre otros por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Cooperativa de Trabajadores Rurales de San Vicente (CTR). En diálogo con ambas organizaciones, dejaron bien claro que hay otro campo que busca una forma de producción lejos de los agrotóxicos, con una propuesta alimentaria y productiva que refiere a la distribución de la riqueza en base a las retenciones que se colocaron en el actual gobierno