Colombia

Intervención del Grupo Semillas en la Audiencia Pública del 21 de febrero de 2019, Bogotá, Colombia. Queremos destacar que el “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”, construido por las organizaciones campesinas en el marco de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es enfático en mencionar que las comunidades campesinas y particularmente las mujeres rurales han sido las guardianas de semillas, de la biodiversidad y han sido las protagonistas en la producción de alimentos. Gracias a ello podemos contar con la agrobiodiversidad actual: variedades de semillas, diversidad de alimentos, medicinas y materias primas.

Repasar el devenir de los procesos organizativos permite reconocer las variables que los han fortalecido, disminuido o transformado. En el caso de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander, los procesos territoriales y de resistencia campesina a las imposiciones de modelos de explotación y de vida se remontan a la época de la colonia, pero no hace falta irse tan lejos para identificar los elementos de arraigo y valor simbólico y material que los identifican.

La militarización de la gestión ambiental es una de las consecuencias de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que acaba de presentar el gobierno Duque. Allí la Naturaleza es presentada como un “activo” que será protegida por militares y policías, donde el componente “político” de una política ambiental queda por debajo de su militarización.

De acuerdo con la Contraloría, el proyecto de PND deroga el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 (artículo 183 del texto en estudio) “con lo cual se elimina la protección y delimitación de páramos para adelantar actividades de exploración y explotación de recursos naturales”.

“Nosotros llegamos cuando todo era montaña virgen, llegamos a explotar esas montañas, a abrir, a formar nuestro nivel de vida, porque la mayor parte de nosotros veníamos de una situación en Cajibío y Balboa muy crítica por la guerra. Entonces se llegó buscando una oportunidad de vida”, narra Mildred Campo, líder campesina del corregimiento de La Gallera, dentro de esta área protegida.

El Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina se adelantó a las cifras oficiales y reveló que el año pasado perdió 156.722 hectáreas de bosque, estimativo que para Rodrigo Botero, Director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, se queda corto ya que calcula la pérdida de bosque en más de 200.000 hectáreas.

"Ahí están los resultados. Un valle del Sinú impactado en todos los sentidos, herido de muerte. Todo se está cumpliendo. Sea el momento para decir que muchos de los impactos del Sinú también se darán en el río Cauca y su zona de influencia, porque los impactos no son solo los del lecho del río; esos son inmensos en el mismo lecho, pero son nimios frente al conjunto de todos los que se suceden en toda el área de influencia, en centenares de kilómetros de influencia, y en todo el planeta. Los impactos ambientales de una hidroeléctrica son universales".

La liberación del río Cauca en Colombia es un imperativo ético para el país, una urgencia para la vida, la libertad de las aguas implica la liberación de los ricos sedimentos que tienen represados en Hidroituango, estos son alimento de las pocas especies que se salvaron de la mortandad producida por la ecocida Empresas Públicas de Medellin (EPM).