Internacional

"Pese a prometer a sus clientes que no habrá explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas siguen aprovechándose de terribles abusos”, declaró la investigadora principal de Amnistía, Meghna Abraham.

"No creemos en las buenas intenciones de empresas que se han dedicado a contaminar y acaparar territorios y ahora quieren adueñarse de buen la vida misma", sostiene el comunicado de Otros Mundos A.C.

"En la COP13 las organizacones precisaron que las comunidades indígenas y campesinas son las legítimas poseedoras de la biodiversidad".

Una de las mayores crisis que enfrenta el mundo, junto con el cambio climático, es que los microrganismos cada vez son más resistentes a los antibióticos, generando graves problemas de salud.

Esta semana, organizaciones sociales, ambientales y sindicales publicaron un llamado en el que conminan a los gobiernos reunidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 2016 a establecer una moratoria sobre la controvertida tecnología de extinción genética conocida como de impulsores genéticos.

Un impulsor genético es una técnica capaz de alterar o eliminar intencionalmente una especie silvestre, sin respeto por las fronteras nacionales. La CDB reconoce, a través de su Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, el principio del consentimiento previo e informado para el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados liberados en el ambiente. Sin embargo, los impulsores genéticos están diseñados deliberadamente para difundirse y persistir, sin respetar frontera nacional alguna y sin que hasta la fecha exista un proceso internacionalmente acordado para la gobernanza efectiva de los impactos transfronterizos que podrían surgir de la liberación de un impulsor genético.

Ocho años después de la publicación del primer informe sobre acaparamiento de tierras, que puso el tema en la agenda internacional, GRAIN publica un nuevo conjunto de datos que documentan cerca de 500 casos de acaparamiento de tierras en todo el mundo.

Este es un llamamiento urgente de 316 organizaciones de la sociedad civil de los países de Asia y el Pacífico que negocian la Asociación Económica Regional Ampliada (RCEP), que incluye a los 10 Estados miembros de la ASEAN con China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda.