México

El mecanismo de la consulta ciudadana, consulta popular o ejercicio participativo, según el caso y la dificultad de posicionar esta pieza clave de la nueva forma de gobernar, está siendo un dispositivo legitimador de medidas repudiadas por sectores importantes de la población, en su mayoría, comunidades y pueblos que en lugar de ser consultados sobre qué tipo de proyectos de desarrollo quisieran impulsar, son objeto de una idea de desarrollo, bienestar y progreso que se les impone desde el Estado.

La propuesta de una nueva ley de ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera ha causado revuelo mediático, la cual, sin embargo, está lejos de tocar el verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el sistema público de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para convertirse en una fuente de jugosos subsidios para enormes empresas trasnacionales y nacionales, que sólo ha abonado a sus ganancias privadas sin dejar nada al país.

“Queremos dejarle claro al presidente de la república que la minería bajo ninguna circunstancia es una opción de desarrollo, rechazamos todo lo que tenga que ver con el extractivismo  y exploración en nuestras comunidades y le pedimos el replanteamiento del modelo económico por uno basado en el fortalecimiento de nuestros pueblos y comunidades”.

“En el contexto de la conflictividad social generada por el intento de imposición de la termoeléctrica de Huexca que forma parte del Proyecto Integral Morelos, distintas poblaciones de la región han tomado la decisión de fortalecer sus procesos comunitarios como una forma legítima de resistencia ante la imposición de megaproyectos que impulsan un modelo de desarrollo contrario a sus intereses”.

Con la complicidad de autoridades civiles, agrarias y representantes ejidales en las comunidades rurales, durante los 10 últimos años ha aumentado la compra venta de tierras; pagan a 5 pesos el metro cuadrado.

El problema de regulación de los plaguicidas en México permite a transnacionales como Monsanto la venta de plaguicidas con ingredientes activos considerados como altamente peligrosos por  la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), argumentan organizaciones civiles.

Marcas como Faena, Faena Forte, Harness y Harness extra de Monsanto son vendidas sin control y porque las reglas lo permiten, pese a que sus fórmulas contienen elementos como glifosato, acetoclor, clopirifos etil y alaclor, asociados con padecimientos endocrinos y también cancerígenos.

La capacidad del maíz criollo para nutrir, y su enorme diversidad, enamoró a esta activista por la milpa y sus aportes a la salud y la biodiversidad.

El Instituto México de Desarrollo Comunitario evidenció la existencia de una lista de empresas y organismos que se han adueñado de la gran mayoría del agua con la que cuenta Jalisco, además de ser también las que más daños causan al medio ambiente por la contaminación que generan