México

El PAN advirtió que empresas extractivas ya poseen un millón 550 mil hectáreas de esas zonas. La nueva ley, impulsada por la senadora Ninfa Salinas, del PVEM, que ha motivado preocupación entre organizaciones ambientalistas, fue aprobada sin discusión.

"La creciente autonomía de los pueblos milperos, el fracaso del neoliberalismo, los reveses judiciales de los trasngénicos y el recuperado prestigio gastronómico y cultural de la tortilla pavimentan la reivindicación del maíz auténtico como tesoro imprescriptible de los mexicanos".

El contenido de este material se convierte en una aportación útil para la discusión de temas, sobre todo en un contexto donde algunos personajes del gobierno y los representantes del grupo muy reducido de instituciones y empresas (principalmente extranjeras), pretenden continuar con la imposición de la producción y consumo de transgénicos en nuestro país, aún cuando las comunidades directamente afectadas, grupos académicos y científicos a nivel nacional e internacional.

"La equivalencia sustancial favorece a las corporaciones comercializadoras de OGMs y a las industrias alimentarias que hacen negocio con su procesamiento por encima de los intereses de la ciudadanía".

Ante las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) sin el consentimiento de los propietarios, la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines (FSM), a través de cuatro filiales mexicanas, ha acaparado más de 80 mil hectáreas del territorio de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, equivalente a diez veces más al tamaño de la ciudad capital.

Durante la Fiesta del Maíz que celebran las comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, se expuso la problemática alimentaria que viven ante el cambio climático y la contaminación, la defensa de sus alimentos, territorios y costumbres, así como el rechazo al maíz transgénico.

"Los pueblos originarios del sur de la Cuenca de México sostienen que a ellos mismos corresponde regular todo lo referente a nuestros bienes naturales y el gobierno de la entidad debe garantizar esta facultad".

"Se espera que la revocación para la siembra comercial de soya transgénica y la suspensión en el caso del maíz no sólo se mantengan, sino que representen el inicio de una política de Estado que priorice la seguridad alimentaria, la conservación del patrimonio agrícola y la protección de la salud por encima de la búsqueda de ganancias corporativas a corto plazo".