Perú

Ernesto Bustamante, vice-decano del Colegio de Biólogos, alegó, en revista científica internacional, que enfrenta una denuncia por criticar investigación sobre presencia de maíz transgénico en el Perú.

Los pobladores de la provincia de Islay, en Perú, realizarán el 10 de febrero una marcha a Lima, la capital del país, para ratificar su rechazo al proyecto minero Tía María

La propuesta de tomar en cuenta el conocimiento ancestral de las comunidades rurales en Perú resulta clave a la hora de diseñar estrategias para afrontar el recalentamiento planetario.

O líder indígena Henderson Hualinga, da Associação Interétnica de Desenvolvimento da Selva Peruana, pediu ontem (27), durante o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, a saída da Petrobras de uma área de exploração de petróleo em uma região de floresta situada no noroeste do Peru.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó, ante la comisión parlamentaria que investiga los sucesos ocurridos en Bagua y Utcubamba, un informe institucional que da cuenta de las actuaciones defensoriales antes, durante y después del conflicto. Al culminar dicha presentación, la titular de la Defensoría del Pueblo realizó cuatro reflexiones finales motivadas por estos lamentables sucesos.

En pronunciamiento público, los Apus de las Organizaciones de los Pueblos Awajun y Wampis, agrupados en la Subsede del CAH, FECORSA, FECAS, Apus de las comunidades, mujeres líderes e hispanohablantes, 204 delegados participantes del distrito de Río Santiago, Cóndorcanqui, región Amazonas, expresaron su rechazo total al gobierno y su política racista que ejecuta.

El Instituto Nacional de Cultura (INC) de Perú declaró Patrimonio Cultural de la nación a los saberes, usos y tecnologías tradicionales asociados al cultivo de maíz en el Valle Sagrado de los Incas, en la región de Cusco, según una resolución publicada este lunes en el diario oficial.

Actualmente existen más de trescientos proyectos de grandes represas en construcción o planeados en América Latina y el Caribe. Estas represas están siendo construidas, en su mayoría, sin estudios y evaluaciones de impacto ambiental y social integrales, sin procesos que garanticen una participación de la sociedad civil y pública efectivas, y, en muchos casos, con ausencia de políticas públicas de energía, agua y reducción de la pobreza sostenibles que respeten la normatividad nacional e internacional.