Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Hacemos un llamado a la sociedad hondureña a que no se permita que este caso quede impune, justicia para Berta significa justicia para nuestros pueblos y para tantas y tantos asesinados por las manos criminales de las empresas y el Estado".

Condenamos enérgicamente el asesinato de la compañera Francisca Aguilar originaria del pueblo Maya Mam de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, quien en horas de la madrugada del martes 31 de octubre, fue acribillada con arma de fuego en su vivienda por sujetos desconocidos.

Los familiares de la activista reclaman a las autoridades hondureñas que procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" del crimen.

Las negociaciones de Naciones Unidas (ONU) hacia un tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos continuarán en 2018, a pesar de los repetidos intentos de la Unión Europea (UE) por descarrilar el proceso de trabajo en el último día de la tercera ronda de tratativas.

El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de la lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. De inmediato, familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), demandaron una investigación independiente ante las sospechas que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho.

A continuación detallamos la cronología de los hechos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de Santiago Maldonado y la solicitud de Medidas Cautelares contra el Estado Argentino. La Verdad es una sola: A Santiago se lo Llevó Gendarmería.

"El Paro Nacional Indefinido continúa en Colombia esperando que el Gobierno cumpla en temas como la implementación del Acuerdo de Paz y cese el terrorismo de Estado representado en los crímenes del paramilitarismo contra líderes sociales y asesinatos cometidos por la Fuerza Pública contra la población civil".

"Hasta dónde llega el Estado de derecho y sus garantías para la población es una pregunta abierta. Hasta dónde el conflicto social será criminalizado, también. En este sentido, la agenda que empujan las empresas sobre Vaca Muerta ha ido virando a medida que obtuvo victorias (subsidios, marco regulatorio y la flexibilización laboral). Si bien cada punto debe actualizarse a medida que las compañías lo necesiten, es ahora donde la infraestructura y los conflictos sociales aparecen como los próximos temas a discutir."