Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Ante la respuesta organizada de la sociedad frente al conflicto socioambiental, el gobierno de Cambiemos Mendoza una vez más anula el diálogo democrático y respetuoso; responde apelando a una campaña mediática de desprestigio del trabajo de las asambleas llamándolos “Los Metemiedo”, “Ecoterroristas”, este proceso feroz de criminalización de la protesta social, al día de la fecha cuenta con un detenido y decena de imputados.

"La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la medida que proyectos extractivistas en contra de la decisión de las comunidades y el bien común se multiplican".

Durante una conferencia de prensa en la que varias organizaciones campesinas exigieron un alto a la criminalización, el hostigamiento y el asesinato de defensores de los derechos humanos y la tierra, Zúñiga Maldonado señaló que el Estado “abandonó la gobernabilidad del país” y “no se ha encargado de resolver los temas de conflictividad social, se tomó vacaciones”.

Passaram-se 365 dias desde o Massacre de Pau D’Arco, no estado do Pará. 17 policiais civis e militares foram presos, soltos, presos e, agora, podem ser liberados a qualquer momento novamente.

“Por alzar nuestra voz de protesta, por reclamar un compromiso pactado nos han sentenciado como si fuéramos delincuentes. Lamentablemente para los campesinos no hay justicia”, finalizó.

"La OFRANEH, rechaza de forma categórica esta nueva propuesta de Ley, asimismo invitamos a las demás organizaciones indígenas que no nos dejemos sorprender con una propuesta de Ley que a todas luces se convertirá en un instrumento para legitimar el desplazamiento de nuestras comunidades de aquellos territorios en las cuales el Estado entregara al capital nacional y transnacional".

"A criminalização do terrorismo, em si, é um problema, pois sua definição é política e não jurídica. Mas, em qualquer acepção que tome, de maneira alguma as ocupações de imóveis ou outras formas de protesto devem ser identificados como atos terroristas. Ocupações e protestos são inerentes à democracia. Criminalizá-los é coerente apenas com regimes autoritários."

El Estado ecuatoriano, en lugar de garantizar los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada y respetar las decisiones comunitarias sobre sus propias prácticas productivas y de vida como demanda la Constitución, dio paso a un proyecto extractivista altamente perjudicial para las poblaciones locales y permitiendo, además que la empresa china aplique estrategias de división y ruptura del tejido social.