Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Un total de 27 defensores ambientales (14 hombres y 13 mujeres) sufrieron vulneraciones a sus derechos en Chile durante 2024, con una mayor exposición de las mujeres, que registraron el 70% de los casos, y un aumento de la violencia física, que se triplicó respecto al año anterior, según la  organización Escazú Ahora.

Este 19 de marzo inicia audiencia de apelación en el caso donde 11 defensores ambientales y derechos humanos de Cotabambas enfrentan hasta 9 años de prisión por protestar contra la minera MMG Las Bambas.

Los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, evidencian el horror sistemático que se ha instalado en el país. Los tres hornos crematorios y el adiestramiento forzado de personas desaparecidas no son hechos aislados, sino expresiones de una maquinaria de exterminio. Estas prácticas nos obligan a preguntarnos: ¿quiénes son los responsables en todos los niveles de esta violencia?

Cuando la defensora del territorio  Berta Cáceres Flores fue asesinada en su casa, en el oeste de Honduras, en marzo de 2016, sus familiares y compañeras defensoras pidieron inmediatamente acompañamiento internacional, ante la desconfianza en las autoridades del país para investigar el caso. La ayuda ha llegado 9 años después con una expectativa importante: dar con los autores intelectuales del crimen.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación ante el alarmante deterioro de la situación de seguridad en Haití, caracterizada por una nueva escalada de violencia extrema perpetrada por grupos armados, que continúa arrebatando vidas y generando desplazamientos masivos de la población.

"El hallazgo de fosas clandestinas en México no sólo expone la crisis de violencia e impunidad que atraviesa el país, sino que también evidencia un patrón sistemático de deshumanización hacia las víctimas, y una intención perversa de instaurar el miedo como recurso de control y sometimiento sobre una región".

El Foro Global de Justicia Digital, una coalición de organizaciones de sociedad civil del Sur global, denuncia el creciente dominio del autoritarismo político y corporativo sobre internet.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lideró el 6 de marzo, la firma del denominado Pacto Social por el Catatumbo, un proyecto que busca transformar las condiciones de vida de esa región del noreste afectada por la violencia y la pobreza.