Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Al igual que lo hicieron los colonizadores holandeses en el pasado, el gobierno, las empresas y los inversionistas de Indonesia consideran que la tierra de Papúa es un vasto territorio vacío, una nueva frontera para la extracción y la especulación. Sin embargo, la tierra de Papúa no está vacía sino que es el hogar de cientos de Pueblos Indígenas, entre ellos los hombres y las mujeres de la aldea de Kampung Bariat, quienes luchan por garantizar el control de su territorio ancestral y mantenerlo libre de plantaciones de palma aceitera.

En un periplo judicial de 14 años, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte de Justicia de Catamarca reconocieron el reclamo de las asambleas por el derecho a un ambiente sano y mantienen abierta una investigación sobre funcionarios por incumplimiento de la Ley de Glaciares. En tiempos de avance del RIGI, desde Andalgalá sostienen que los fallos son una “carga de energía para continuar en la lucha”.

Honorables Ministros:

Se cumple un nuevo aniversario de la masacre de El Zapallar, ocurrida en 1933, en Chaco, contra el Pueblo Moqoit. “Fue una estúpida carnicería”, reconoció un informe estatal de la época. La Justicia Federal abrió una investigación para conocer en detalle lo ocurrido y llegar a la verdad, como en los casos de Napalpí y La Bomba ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué imaginario de Argentina ocultan estas masacres?

En un periplo judicial de 14 años, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte de Justicia de Catamarca reconocieron el reclamo de las asambleas por el derecho a un ambiente sano y mantienen abierta una investigación sobre funcionarios por incumplimiento de la Ley de Glaciares. En tiempos de avance del RIGI, desde Andalgalá sostienen que los fallos son una “carga de energía para continuar en la lucha”.

Comunidad indígenas, campesinos, gremios y organizaciones sociales salieron a las rutas de Chaco para denunciar el hambre y la emergencia sanitaria en la provincia. Caminaron más de cincuenta kilómetros y acampan en la ciudad de Castelli. Exigen que el gobernador Leandro Zdero dé respuestas. "No estamos dispuestos al sufrimiento creciente para el beneficio de unas minorías", advierten.

La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la suspensión de desmontes por tres meses. La denuncia fue presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y ya se imputó a funcionarios y empresarios. Allanaron al ministro de Producción, Hernán Halavacs, gestor de la mayor cantidad de permisos de desmonte durante los gobiernos anteriores.

Governo de Minas pode impactar ainda mais as comunidades com a instalação de placas solares na represa de Três Marias