Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En el acto político y cultural realizado este 8 de junio en la plazoleta del Cerro Huelén, en Santiago, para exigir justicia por Julia Chuñil Catricura, a siete meses de su desaparición, el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, leyó una declaración que advierte de la implementación de una estrategia gubernamental-empresarial para criminalizar y silenciar a quienes defienden la naturaleza en Chile. Ante este escenario, el llamado es a la unidad y lucha por la defensa de la vida y el derecho de la ciudadanía, los pueblos originarios y las comunidades locales a la libre expresión.

“En estos días, tememos un ataque armado o probable masacre que pueda ocurrir por los grupos criminales que operan en esta región”, alertaron las autoridades de la comunidad tsotsil de Tzajalch’en, Chiapas, durante una jornada de oración ecuménica para pedir acompañamiento tras las agresiones armadas y la criminalización de las que fueron víctimas los pasados 8 y 9 de junio.

La Vía Campesina, que representa a millones de campesinos, trabajadores sin tierra, mujeres rurales y movimientos de base en más de 80 países; declara un estado de alerta política y moral en respuesta a la catástrofe de escalada regional desencadenada por la guerra de Israel contra Gaza y el pueblo palestino en general.

La Corte Suprema revocó un fallo favorable para la minera Aclara, marcando un revés judicial para la empresa luego que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara un recurso de protección interpuesto contra defensores ambientales de Penco que criticaban su proyecto de tierras raras.

Fabricar armas, exportarlas y explotarlas, y fabricar pesticidas, exportarlos y rociarlos, son dos negocios hermanos.

Las organizaciones de la sociedad civil están instando a los gobiernos a poner los derechos humanos en el centro de las negociaciones para un tratado internacional jurídicamente vinculante que responsabilice a las corporaciones multinacionales por las violaciones a los derechos humanos.

No Dia do Meio Ambiente, cerca de mil mulheres marcharam na Esplanada do Distrito Federal, para denunciar os efeitos devastadores de grandes empreendimentos na vida de comunidades tradicionais e periferias do país e lutar contra o PL que flexibiliza o licenciamento ambiental.

Ante la cercanía de la audiencia de medidas cautelares programada para el 24 de junio, la Defensoría recuerda que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, el cual obliga al Estado a proteger a las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales.