Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Sobre Chile se posó suave la primavera, sobre los mapuche cayó con furia el peso histórico e histérico de la noche del racismo del Estado chileno. Allanamientos y detenciones, gritos, golpes e insultos. Es la continuidad de la ideología racista impuesta desde el siglo XIX, porque “el indio no cede sino al terror, lo que demuestra su vil naturaleza”.

A operação atende aos pedidos dos fazendeiros da região que nos últimos meses vem exigindo do Governo do Estado e do Juiz da Vara Agrária de Marabá, o cumprimento das liminares e o despejo das famílias.

Por la mañana del primero de noviembre, la Policía Nacional Civil hizo un desalojo violento a la comunidad la Cumbre Chamché, en Tactic Alta Verapaz.

"Hacemos un llamado a la sociedad hondureña a que no se permita que este caso quede impune, justicia para Berta significa justicia para nuestros pueblos y para tantas y tantos asesinados por las manos criminales de las empresas y el Estado".

Condenamos enérgicamente el asesinato de la compañera Francisca Aguilar originaria del pueblo Maya Mam de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, quien en horas de la madrugada del martes 31 de octubre, fue acribillada con arma de fuego en su vivienda por sujetos desconocidos.

Los familiares de la activista reclaman a las autoridades hondureñas que procedan con "la captura, enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales" del crimen.

Las negociaciones de Naciones Unidas (ONU) hacia un tratado legalmente vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos continuarán en 2018, a pesar de los repetidos intentos de la Unión Europea (UE) por descarrilar el proceso de trabajo en el último día de la tercera ronda de tratativas.

El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de la lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. De inmediato, familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), demandaron una investigación independiente ante las sospechas que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho.