Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La Vía Campesina Internacional forma parte del conjunto de garantes del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y en ese sentido la construcción de la paz más allá del silencio de los fusiles fue tema en la VII Conferencia Internacional de esta articulación global campesina.

49 defensoras e defensores assassinados em 2016, segundo dados da ONG internacional Global Witness – “ano após ano, este é o país mais perigoso em termos de números”, afirma a entidade.

Las citadas organizaciones indígenas confían en que los ataques nunca lograrán detener a las comunidades: “el tejido que mantiene vivos a los pueblos originarios sostiene también la esperanza de que estamos, juntos, construyendo para que un nuevo mundo nazca de la resistencia, la rebeldía y la determinación de seguir existiendo”.

Diversos medios informativos se han referido al tema de fondo con respecto a la querella criminal que interpuso un consultor del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) quien además ha prestado servicios a la empresa consultora internacional TECO con el Ministerio de Energía, en contra de Mapuexpress por injurias graves con publicidad, solicitando tres años de cárcel contra uno de sus integrantes, una multa de 150 UTM, más costas, hecho que se enmarca en un conflicto hidroeléctrico en el territorio Huilliche.

Campesinos del corregimiento del Carmelo, en el municipio de Cajibio, Cauca, denunciaron que, pese a que se han acogido a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y firmaron actas comprometiéndose, la Fuerza Pública viene realizando erradicaciones de cultivo forzadas. La última se hizo el pasado 25 de julio en una operación en conjunto entre el Ejército y el ESMAD.

La represión que ejercen los gobiernos y las propias corporaciones desatadas sobre los territorios de los pueblos y comunidades campesinas, es sólo una parte de un proceso general de deshabilitación y fragmentación del “nosotros”, de los ámbitos colectivos y comunitarios y de cada persona en lo individual con el fin de precarizarnos para después subyugarnos para sus propios intereses.

La organización Global Witness publicó el 13 de julio su nuevo informe anual, que revela que al menos 200 personas fueron asesinadas en 2016 “por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria”. La violencia creció respecto a 2015.

"Los abogados Sergio Millaman y Natividad Llanquileo asumen la defensa penal del Colectivo Mapuexpress ante querella criminal presentada por injurias graves en contra de uno de sus integrantes a causa de un comunicado público de comunidades y organizaciones huilliche que fue publicado en el sitio digital en enero de este 2017 y que criticaba el accionar del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), del Ministerio de Energía, CORFO y consultorías".