Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En marzo de este año, Nueva Zelanda estableció un precedente legal mundial al otorgar el estatus de persona jurídica al río Whanganui, parte del territorio del pueblo indígena maorí iwi.

Desde la Lof Lafken Winkul Mapu, un integrante de la comunidad, herido de bala, describió cómo fue la represión del grupo Albatros de Prefectura, y el asesinato del joven mapuche de 22 años.

Rafael Nahuel, un joven de 22 años, recibió un disparo de bala de plomo. Fue en el marco de un reclamo de la comunidad mapuche por un territorio junto al Lago Mascardi, de donde habían sido violentamente desalojados el jueves. Otros dos indígenas fueron heridos.

El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a través de su coordinadora Berta Oliva, en conferencia de prensa el día de hoy, denunció que podría estarse preparando un plan que atenta contra la vida de Rafael Alegría y Gilda Silvestrucci.

Han transcurrido 20 meses desde la noche del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, tiempo en el que las autoridades hondureñas han demostrado la ausencia de voluntad política para enjuiciar a quienes ordenaron su asesinato, enfrentar las causas estructurales de su muerte o eliminar la persecución a quienes defienden su territorio en Honduras.

Marcos Sorrentino responde a sindicância por realizar atividade em parceria com o MST em abril deste ano. "Neste momento de retrocesso conservador em toda a sociedade brasileira sejam maiores as pressões para expurgar grupos e pessoas com compromissos divergentes do hegemônico."

El Juzgado de Letras de la Ciudad de Trujillo emite una vez más una citatoria para 4 líderezas Garifunas, incluida la Coordinadora General de la OFRANEH, acusadas de difamación por el empresario canadiense, Patrick Foreseth.

El objetivo principal de esta investigación realizada durante el presente año 2017 es evidenciar, a través del caso paradigmático de Guatemala, cómo la criminalización de las protestas sociales en defensa de los territorios y sus recursos naturales es una estrategia articulada al servicio de las transnacionales y oligarquías locales, para la protección de los intereses políticos y económicos de estas clases, élites y estructuras.