Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos denunciaron los desplazamientos forzados, los bloqueos de caminos y accesos a las comunidades, disparos contra la población civil y amenazas directas perpetradas por grupos de la delincuencia organizada contra los habitantes de Coahuayula, en la Sierra Costa de Michoacán.

El defensor ayuujk Arnoldo Nicolás Romero fue hallado sin vida y con heridas de bala luego de cuatro días de haber sido desaparecido en Oaxaca, confirmaron organizaciones indígenas y de derechos humanos. Nicolás Romero era el comisariado ejidal de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San Juan Guichicovi, donde se oponía a la imposición del Corredor Transístmico.

Campanha mobiliza iniciativas de solidariedade com Acampamento em Joaquim Gomes (AL).

El año que se fue estuvo marcado por grandes desafíos para los pueblos indígenas de América Latina. No fue un año distinto a los anteriores. Las comunidades y sus liderazgos continuaron enfrentando las secuelas de la marginación estructural, la pobreza y el acceso desigual a derechos fundamentales. Sin embargo, la violencia contra sus territorios, comunidades y defensores alcanzó niveles alarmantes, en un contexto donde los intereses económicos y criminales profundizaron su asedio.

La situación de violencia que se vive en el Catatumbo tiene en una grave crisis a la población civil, según reportan varias entidades. Las cifras de violaciones a los derechos humanos son cada vez más alarmantes por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos elaboró un informe sobre las deudas que tiene la Corte Constitucional por la falta de resolución de 12 casos de violación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

Familiares de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, acompañados de numerosas organizaciones sociales, se convocaron frente la Moneda y diferentes edificios gubernamentales de Chile, para exigir una respuesta al gobierno, el estado y sus instituciones por la desaparición de la defensora ambiental.