Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Mientras las horas pasan, la Machi se va apagando, la misma que fue la primera en ganar por la vía institucional con un fallo basado en el 169 de la OIT, la misma que fue declarada como un peligro solo por defender su derecho y el derecho de su pueblo a existir. Si el gobierno no cambia su posición, la Machi morirá pero su pueblo no lo aceptará, dicen desde el Hospital Intercultral de Nueva Imperial".

Invitación a participar, directa o virtualmente, este viernes 6 de enero. El acto se transmitirá por streaming. "Seguimos en la defensa de la naturaleza y los pueblos"

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hizo públicas el 18 de diciembre de 2015, las sentencias en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Un año después de la publicación, el Estado de Honduras se ha abstenido de apegarse a las sentencias.

La organización Oxfam declaró que “la violencia contra defensores sigue impune en América Latina”, pues tan sólo en el 2015 fueron asesinados 185 activistas, de los cuales 122 eran latinoamericanos, de acuerdo a su informe “El riesgo de defender”.

La machi Francisca Liconao se deteriora físicamente… el gobierno puede hacerse el ciego y el sordo, sin embargo, claramente estamos frente a la vulneración de derechos humanos que lo hace cómplice y responsable.

En esta versión, el INDH actualiza la información de los casos ya registrados en 2012 y pone a disposición de la ciudadanía información sobre nuevas controversias, llegando a un total de 102 conflictos socioambientales identificados desde una perspectiva de derechos humanos.

"Cabe recordar que la Machi Linconao había sido involucrada en el denominado caso Luchsinger MacKay el año 2013, siendo allanada, detenida, comprobándose inmediatamente su inocencia, sin embargo, bajo la insistencia de poderes fácticos de la región de la Araucanía, nuevamente, esta mujer de avanzada edad es objeto de detención e investigación en el 2016".

"La reacción del Estado ante un llamamiento de los Procedimientos, debería ser la de disponer lo necesario para iniciar una investigación rápida e imparcial que determine la dimensión de los hechos denunciados y así pronunciarse -con las formas propias y adecuadas de la diplomacia internacional-, sobre las medidas que adoptó para corregir o mitigar la situación, o para aclarar información que no es exacta. En cambio, una reacción basada en acusaciones contra los peticionarios o el descrédito de los Procedimientos, es del todo inconveniente y contraría las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano..."