Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Del 27 al 29 de enero, familiares, comunidades y organizaciones solidarias con las víctimas de desaparición forzada, Ricardo Arturo Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, profesor y líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, llaman a acciones nacionales e internacionales para intensificar la exigencia de búsqueda y presentación con vida.

Nueva ola de ataques y asesinatos contra campesinos y defensores ambientales.

Las manifestaciones por un cambio social en Perú se originaron lejos de la centralidad limeña, sobre todo en los departamentos del sur. Son los pueblos indígenas y campesinos, discriminados por el Estado, los protagonistas de una revuelta reprimida en forma brutal por el Gobierno de Dina Boluarte. En las calles se pide su renuncia y el urgente llamado a elecciones.

Casi cincuenta días de gobierno y sesenta asesinatos. Desde el 7 de diciembre pasado, los pueblos en Perú desconocen por ilegítimo el gobierno de Dina Boluarte y lo califican como una dictadura racista que dispara a matar contra indígenas, contra los pueblos del sur, contra niñxs y jóvenes. “Somos los Aimara, los Quechua y los que nos identificamos con ese Perú profundo quienes estamos en las calles exigiendo el alto a la represión, que pare esta masacre y una salida democrática”, afirmó la activista trans afro andina Gahela Tseneg Cari Contreras.

Persiste clamor histórico de justicia por los 45 indígenas masacrados el 22 de diciembre de 1997.

En el informe se detallan los desalojos forzosos ocurridos en el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de octubre de 2022, que tuvieron lugar en los departamentos de San Pedro, Itapúa, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná. Se registran casos que han afectado a comunidades rurales, tanto campesinas como indígenas. Se describe un panorama general de las situaciones de violencia contra las comunidades campesinas, mientras que en el caso de las comunidades indígenas se abordan dos casos paradigmáticos referidos a los pueblos mbya guaraní (Hugua Po’i) y ava guaraní (Ka’a Poty) de la región Oriental.

Mientras la criminalización y los desalojos hacia los pueblos indígenas y campesinos de Paraguay funcionan como política de Estado que legitima el avance del agronegocio, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) se organiza para defender los territorios de manera colectiva y construir alternativas frente a la crisis climática.

Ante la situación crítica que está atravesando el pueblo peruano, sobre todo el sector campesino e indígena del país, La Vía Campesina se solidariza plenamente con el sentir de la población que en estos momentos está siendo criminalizada y perdiendo la vida en las calles del país.