Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional de Honduras, Fuerzas Armadas y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de ese país, realizaron un violento desalojo en la comunidad garífuna de Punta Gorda, Islas de la Bahía, en Roatán, Honduras, la primera comunidad garífuna asentada en Centroamérica que carece de título comunitario.

Las cuatro mapuches detenidas en el allanamiento y desalojo del 4 de octubre pasado en Villa Mascardi continúan presas, si bien “no hay elementos legales para sostener la prisión preventiva”, explicó a BiodiversidadLA Gustavo Franquet, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina e integrante de la defensa legal de las mujeres.

Los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo denunciaron que sujetos armados dispararon contra los brigadistas que resguardan y protegen el bosque de la comunidad de la tala ilegal, y que al menos uno de ellos resultó herido.

Alba Bermeo Puin estaba embarazada de cinco meses. Ella y su bebé fueron asesinados la madrugada del 22 de octubre dejando un gran vacío y a toda la comunidad en estado de desolación absoluta. En menos de un mes, ha habido tres ataques contra mujeres que se oponen a actividades de minería en la provincia de Azuay.

El desalojo en el Lof Lafken Winkul Mapu, una comunidad mapuche en Villa Mascardi, volvió a poner el foco sobre las disputas territoriales en la Patagonia argentina y la violencia racializada hacia los pueblos originarios. Un análisis sobre el rol del Estado, los medios de comunicación hegemónicos y la reconstrucción del Pueblo Mapuche.

La defensora de la naturaleza, Alba Bermeo Puin, moradora de la parroquia de Molleturo, provincia del Azuay, cantón Cuenca fue ASESINADA la madrugada del 22 de octubre por personas involucradas en actividades mineras de oro.

Día por medio muere una defensora o defensor ambiental y de la tierra. Más de 1.700 personas en la última década. Desde hace una década, la organización Global Witness ha intentado registrar y dar a conocer los asesinatos a estas personas defensoras y en el mundo. Ha sido una tarea difícil, no solo por la dureza de la situación, también porque en muchos lugares estos crímenes no se denuncian, se subregistran o las autoridades los clasifican bajo otros nombres.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).