Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En medio de una escalada de violencia sin precedentes y de la expansión del proyecto colonial israelí de robo de tierras palestinas, una aldea de Cisjordania resiste desde el trabajo colectivo en la agricultura.

El asesinato del defensor ambiental obligó a las autoridades de Honduras a atender las denuncias de daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Las comunidades afectadas por el megaproyecto minero en Tocoa han sido testigos de los asesinatos y el desplazamiento forzado de defensores. Actualmente hay tres presuntos autores materiales detenidos por el asesinato del defensor. Sin embargo hay 13 personas señaladas por delitos ambientales y de abuso de autoridad relacionadas con denuncias hechas por López desde 2021.

La lucha por la defensa de los territorios y la Naturaleza no puede ser silenciada. Hoy, la empresa minera ACLARA ataca a quienes se han organizado para proteger su comunidad, usando mecanismos judiciales para perseguir y amedrentar a activistas como Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo.

El Poder Judicial y el gobierno de Mendoza funcionan como los mejores aliados de la megaminería. Ante el rechazo vecinal al proyecto de cobre San Jorge, detuvieron de formar arbitraria a dos asambleístas socioambientales. El fiscal Juan Manuel Sánchez impulsó las detenciones a partir del testimonio de un comerciante prominero. La jueza Claudia Tula lo avaló, pero este jueves se declaró incompetente y ordenó liberarlos.

En el valioso registro, que hoy toma especial relevancia en medio del misterio que rodea su desaparición, Julia Chuñil expresó su felicidad por ser una "mujer luchadora" y por poder asistir al "trafkintu", una ceremonia mapuche de intercambio de semillas y saberes.

Junto a Pablo San Martín Chuñil, hijo mayor de la dirigenta mapuche, el espacio virtual Día a Día por Julia Chuñil convoca a una conferencia de prensa el 8 de Abril a las 11.30 horas en la sede del comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, (Paseo Bulnes 188, oficina 62).

El aumento de casos de amedrentamientos de empresas a activistas medioambientales en nuestro país ha ido de la mano con mayores demandas en tribunales. “En mi caso me trataron de anular”, cuenta el defensor Rodrigo de la O. Fuente.