Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, rechaza enérgicamente el informe de la Misión contratada por el FMO para legitimar sus actuaciones como banco financiador, así como las de la empresa DESA. La misión en su informe busca desestimar las responsabilidades de estas instituciones en la creación de una situación de conflictividad, intimidaciones, agresiones y asesinatos en las comunidades de Río Blanco y en contra del Copinh, así como en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

El martes, 04 de Octubre, Minera Yanacocha con la prepotencia que lo caracteriza, invadió nuevamente con su personal el terreno de Máxima Acuña y su familia en el predio Tragadero Grande.

Los resultados del plebiscito por la Paz en Colombia sorprendieron a propios y ajenos. Menos del 40 % de la población fue a las urnas. En lo que parece un empate técnico, 50 a 49, el NO se llevó el triunfo.

"La brecha entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los planos internacional y nacional y la aplicación real sobre el terreno sigue siendo la principal preocupación", sostiene Victoria Tauli-Corpuz.

Los gobiernos o individuos responsables de delitos contra el medio ambiente, el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos naturales podrán ser, a partir de ahora, perseguidos y juzgados por la legislación internacional.

"Exigimos, como red de instituciones de derechos humanos y como ciudadanos, la inmediata protección de todas las personas afectadas por los hechos narrados".

El expediente del caso de la activista indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, fue robado por un grupo de presuntos ladrones a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras.

"La orden habría provenido del Juzgado de Minga Porâ y fue realizada a solicitud de Hermann Hut, quien reivindica la propiedad de una gran extensión de tierras en la zona".