Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Porque pedimos o embargo/boicote aos produtos do agronegócio de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil, cerca de 77 mil pessoas, e é palco das maiores e mais graves violações de Direitos Humanos do Brasil e do mundo: casos de tortura, estupros, espancamentos, ataques armados e assassinatos, praticados por milícias de jagunços e organizações paramilitares, contratadas por fazendeiros, além dos altos índices de desnutrição e suicídios. Está em curso um verdadeiro genocídio*, especialmente do povo Guarani-Kaiowá.

Marinakue, tierra pública ensangrentada por la masacre que enlutó al país el 15 de junio de 2012, es objeto de una ofensiva del Ejecutivo y Legislativo para declararla como reserva natural pública bajo el nombre de Reserva Yberá, promulgando para ello la ley 5.530.

Uniformados del Ejército Nacional hicieron presencia en el corregimiento Río Verde, vereda Tres Palitos (Puerto Libertador – Córdoba) con el objetivo de erradicar forzosamente los cultivos de hoja de coca mal llamados ilícitos.

*El pasado viernes, 20 de noviembre, allanaron su departamento. Ante el clima de hostigamientos y agresiones con el que diariamente se enfrentan los periodistas en México, es necesario que el propio gremio, junto con la sociedad civil, diseñe estrategias de protección que le permita ejercer su labor informativa de una manera más segura.

Las feministas que formamos parte de la Escuela de Derechos de los pueblos del Abya Yala, en el marco del tercer encuentro de formación feminista, queremos expresar nuestro enérgico repudio a los ataques sufridos por la periodista mexicana Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos.

El senado paraguayo aprobó el pasado 5 de noviembre una ley que viene a legitimar la usurpación que hace la empresa Campos Morumbi sobre las tierras públicas de Marinakue, mediante una “donación” de esas tierras al estado para convertirlas en Reserva natural con el nombre de “Ybera”.

El ataque ocurrido en 2007 resultó en el asesinato del trabajador rural Keno y en lesiones y heridas a otros tres campesinos. La condena a Syngenta es bien vista por los movimientos sociales en razón de la dificultad de responsabilizar a las empresas por las violaciones a los derechos que las mismas cometen.

"Desde Campeche, al sureste del territorio mexicano, quienes integran el Congreso Nacional Indígena (CNI) envían un mensaje de aliento y solidaridad a los padres, madres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa".