Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Con 477 casos de muertes violentas durante los últimos 13 años, Brasil sigue siendo el lugar más peligroso en el mundo para ser activista. La violencia hacia los trabajadores rurales y líderes sociales es tema central del IV Congreso Nacional de campesinos que hasta el viernes tiene lugar en la ciudad de Porto Velho (RO).

"Durante décadas la explotación de recursos solo han dejado pobreza y violencia para sus habitantes. Una región en donde los ríos y aguas abundan, pero de las que sus habitantes no pueden beber con confianza pues se encuentran contaminadas por la explotación petrolera".

"La Caravana por la Defensa de la Vida y el Territorio busca poner sobre la mesa la situación que las organizaciones comunitarias, populares y sociales padecen a cotidiano en sus construcciones por un país más justo, en miras de fortalecer la defensa de los derechos humanos."

"Organizaciones de la sociedad civil se reunieron para discutir alternativas a la agenda neoliberal y más específicamente la forma de un tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales (TNC ) podría garantizar que los Estados protegan eficazmente los derechos humanos".

Francisco Chaile intentó hace un mes una negociación para recuperar tierras entregadas a su comunidad, pero terminó preso. La Unión Diaguita anunció un plan de lucha para exigir su liberación y abogados de derechos humanos presentaron un hábeas corpus.

16 militantes sociales de procesos del Congreso de los Pueblos fueron perseguidxs y detenidxs ilegitimamente. Los medios de comunicación y el Gobierno han violentado sus derechos básicos. Socializamos comunicado del CdP.

Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos abajo firmantes, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional los siguientes hechos que constituyen una violación grave a los derechos humanos, principalmente atentan contra los derechos de asociación, protesta, debido proceso, expresión y el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.

A más de tres años de la masacre de Curuguaty, en la que fueron asesinados seis policías y 11 campesinos, la fiscalía sigue sin investigar los hechos pero intenta a toda costa acusar, sin pruebas, a las organizaciones campesinas.