Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Las/os abajo firmantes, académicas/os, militantes, activistas, intelectuales, personas solidarias y acompañantes de los procesos de autonomía indígena en distintas latitudes del mundo, condenamos el ataque armado ocurrido el 2 de julio de 2025 en la comunidad Cherán K'eri, Michoacán.Durante esta jornada, un grupo criminal intentó ingresar al territorio comunal y fue repelido por la Ronda Comunitaria, órgano de seguridad del autogobierno de Cherán, resultando un comunero (rondín) asesinado y otro herido.

Por lo menos una decena de comunidades warijó y algunas del pueblo pima, huyeron de su tierra para salvar su vida, ya que durante semanas han sido bombardeados con drones por el grupo delictivo conocido como Los Salazar o Los Salazares, que buscan apropiarse principalmente del oro de la región. Hay compañías mineras que comienzan a retirarse también.

La opinión consultiva OC-32 de la Corte es vinculante para los más de 30 países de América Latina y el Caribe que forman la Organización de Estados Americanos (OEA) y reconoce, por primera vez, el derecho humano a un clima sano como “un derecho independiente derivado del derecho a un ambiente sano”.

En un acto de valentía popular y solidaridad internacional sin precedentes, miles de activistas del norte de África emprendieron un viaje hacia Palestina para romper el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza. Uno de los protagonistas de esta travesía es Hatem Laouini, miembro de La Vía Campesina-Túnez, quien compartió su experiencia en una entrevista colaborativa realizada por periodistas del FCINA.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, dijo en la entrevista de Radio YSUCA, que El Salvador “lamentablemente” vive una “escalada represiva” en contra de los defensores de derechos humanos y considera que “es la más violenta” después de los Acuerdos de Paz; ella, es un ejemplo, pues se autoexilió por temor a ser capturada luego de un constante acoso policial.

Enrique Viale, advogado ambiental argentino, é o palestrante do Ciclo de estudos Direitos da Natureza e a proteção do não-humano na crise epocal desta semana no Instituto Humanitas Unisinos - IHU.

Un grupo de expertos independientes, respaldado por la CIDH, investiga el caso de la ambientalista hondureña asesinada en 2016. Por primera vez, se investigará quiénes ordenaron su muerte y los intereses económicos detrás del crimen.

Desde la Defensoría del Pueblo, la ANPB, el CMPLP, hasta defensores de DDHH y ambientales le recordaron al Estado que está vigente el Acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información y participación en materia ambiental.