Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

“En la historia de la persecución política en El Salvador quedará marcado el 11 de enero de 2023, durante la madrugada de ese día fueron detenidos cinco líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, Cabañas, con una acusación que pronto se demostró que era falsa”, afirmó Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.

La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, presentó el 3 de julio un informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, donde se señala a más de 60 empresas trasnacionales de lucrar con el genocidio en Gaza y la ocupación de otros territorios palestinos.

La catástrofe que se desarrolla en Gaza no puede entenderse únicamente a través de la lente de la crisis humanitaria. Lo que estamos presenciando no es sólo una consecuencia trágica de la guerra, sino el uso deliberado del hambre como herramienta de control político y demográfico. Esta estrategia, diseñada para desmantelar la sociedad palestina, equivale a una forma de genocidio estructural.

En Ojarasca de julio se documenta la gran importancia de las abejas y el peligro en que se encuentran bajo el bombardeo pesticida de agroindustrias que las consideran “daño colateral”, soslayando la trascendencia de su mero ser en la naturaleza.

La vereda Puerto Matilde, ubicada en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, vive momentos de extrema tensión debido a enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador revocó una histórica sentencia sobre la minería metálica para volver a autorizar esta actividad en el país, siete años después de convertirse en la primera nación del mundo en prohibirla explícitamente.

“En este territorio intentaron hacer silencio con la bala, pero como no lo consiguieron empezaron a hacerlo con saña. No lo han conseguido tampoco, ni lo conseguirán”, dijo Selvin Milla, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y compañero del Consejo de Pueblos K’iche (CPK), mientras nos explicaba la larga y compleja historia del pueblo K’iche en Iximulew, conocido en castellano como Guatemala. 

“Esto no es un simple ataque armado, es la demostración de el gobierno del Estado de Michoacán y el gobierno federal han decidido abandonar deliberadamente su deber de proteger a los pueblos indígenas y, en los hechos, han permitido que el crimen organizado invada, aterrorice y ponga en riesgo la vida de nuestra comunidad”, señaló la comunidad de Cherán en un pronunciamiento colectivo durante el mitin de hoy frente al palacio de gobierno de Michoacán.