Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La dirigenta popular y campesina Margarita Murillo fue asesinada este miércoles, 27 de agosto, cuando hombres encapuchados y fuertemente armados llegaron a una parcela donde se encontraba Margarita y la ultimaron, informa el diputado de Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Bartolo Fuentes.

Expertos señalaron que hay posibilidad de que surja un nuevo foco de alta conflictividad social en el país, según la conclusión alcanzada ayer en un foro al analizar la Ley de Vegetales, una polémica iniciativa que tres bloques legislativos buscan reformar, mientras otro aboga por su derogación.

La dirección y la coordinación ejecutiva nacional de la CPT divulgan una nota pública en la cual denuncian y repudian la ola de violencia en el campo, intensificada en los meses de julio y agosto de este año. Además de las cuatro muertes producidas en la última semana, en el mes de julio; en sólo 20 días, la CPT registró siete asesinatos.

Son miembros de la comunidad El Colorado, en el oeste de Formosa. Hace tres semanas impidieron la intromisión de un privado en su territorio y sufrieron una represión policial. Organizaciones de derechos humanos y de pueblos originarios reclaman la liberación.

Las organizaciones convocantes llamaron a la conformación de un Congreso Democrático del Pueblo para discutir la declaración de una nueva huelga general. Rechazaron políticas de endeudamiento e intenciones privatizadoras en beneficio de sectores agroexportadores.

Policía ocupó casas, reprimió, asesinó y robó bienes a comunidad Monte Olivo, Cobán, en resistencia contra hidroeléctrica.

"Los asesinatos y desapariciones están destinados a impedir el crecimiento de las organizaciones que luchan por la tierra. Los presos y los muertos son el chantaje del sistema a todos los que se atrevan a desafiarlo. Pese al Estado policial, los movimientos ganaron las calles y cortaron rutas al cumplirse, el 15 de agosto, el primer año del gobierno represivo y golpista de Horacio Cartes."

En Perú, un juez acaba de sentenciar a Máxima Acuña Chaupe a dos años y ocho meses de cárcel y pago de 5.500 soles en concepto de reparación a favor de la minera Yanacocha por supuesta usurpación de tierras.