Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Intentos de asesinato y de secuestro, intimidaciones y agresiones y discriminación sufrida a diario, son algunos de los muchos abusos que sufren en toda América los pueblos indígenas por el simple hecho de defender sus derechos humanos.

El asesinato de líderes campesinos (115 desde 1989 a 2013) se produce en los territorios arrasados por la deforestación y el cultivo de la soja transgénica. No sólo se echa toda vegatación también se contaminan aguas, personas y se matan a dirigentes campesinos.

La expansión acelerada del monocultivo de soja transgénica en Paraguay ha dejado tras de sí un rastro de destrucción y desolación, que pone en serio riesgo la soberanía alimentaria del país, así como la vida de miles de familias campesinas y pueblos indígenas, que son expulsados de sus lugares de orígenes y que ven violados sus derechos históricos y ancestrales.

Ha quedado demostrado que la criminalización de la protesta social es política de Estado del gobierno actual en cualquiera de sus jurisdicciones. Pese a eso los miembros de la Asamblea Ciudadana de Concordia (ACC) sostenemos la necesaria e impostergable reivindicación en su buen nombre y honor de las cuatro personas injustas y criminalmente detenidas y judicializadas.

La Federación Sindical Mundial inició recientemente una campaña “por la libertad de los campesinos” apresados por razones políticas, en referencia al caso de los seis extraditados por Argentina y a los presos políticos del caso Curuguaty. Llamamos a todas las organizaciones y personas solidarias a unirse a esta campaña, enviando la Carta a los Poderes del Estado Paraguayo, exigiendo la inmediata libertad de estos compañeros.

El rapto de integrantes de la OFRANEH el pasado jueves 17 de julio, no fue más que una notificación de desalojo girada en contra de los Garinagu de Vallecito, por la elite que controla la costa norte de Honduras, en especial el corredor comprendido entre la bahía de Trujillo y la Moskitia.

"La Via Campesina expresa su solidaridad a Saad Ziada y exige justicia para la familia de Ziada y todas las familias que han sido víctimas de tan atroces ataques dirigidos. Transmitimos, asimismo, nuestra solidaridad y nuestro sentimiento de indignación a todas esas familias: niños, mujeres y hombres asesinados intencionadamente, todos los días, como víctimas de los crímenes incesantes contra la humanidad perpetrados por el Estado de Israel"

Ofraneh hizo un llamado “el pueblo garífuna de Vallecito demanda al Gobierno de Juan Orlando Hernández seguridad y garantías permanentes en nuestro territorio y de las personas que nos encontramos en defensa de sus recursos ancestrales”.