Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La Ley Indígena 6172 contempla que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles e inembargables y el Convenio 169 de la OIT plantea la autonomía de los pueblos indígenas, por ello el pueblo indígena de Salitre está gestionando acciones para recuperar su territorio, ya que son los dueños legítimos de este.

La céntrica Plaza San Martín fue escenario de una nueva concentración de protesta contra el polémico paquete de normas elaborado por el ministro de Economía Luis Castilla y que es considerado un retroceso ambiental por organizaciones sociales, indígenas, ambientales, políticas y de derechos humanos.

Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas. El informe presentado está basado en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas con personas defensoras de los derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil.

Simpatizantes zapatistas del poblado Primero de Agosto, en la región tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, denunciaron agresiones y despojos por parte de miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI). Entre los agresores, los indígenas identificaron a dirigentes de la central que participaron en el ataque a las bases zapatistas de La Realidad el pasado 2 de mayo, cuando fue asesinado Galeano y destruyeron la escuela y la clínica autónomas.

El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos registró el asedio sobre las comunidades rurales, que se dio a través de desalojos, atropellos, amedrentamientos. Resaltaron además la declaración estatal de que Marina Cue es del Estado paraguayo, el logro de Sawhoyamaxa en la Cámara de Diputados, el índice de deforestación récord del 2013, la corrupción estatal-política en torno a las tierras de San Agustín y la opinión del Banco Mundial de que el sector agroexportador local debe pagar más impuestos.

La gigante de mariscos Citra Mina es la segunda principal exportadora de atún de las Filipinas, con miles de millones de dólares en ventas a los mercados de Europa, Asia y América del Norte a través de la marca Philfresh. Pero este Grupo enormemente rentable viola los derechos humanos de quienes trabajan allí.

"O genocídio de povos indígenas não se justifica e não se legitima sob qualquer hipótese. O genocídio de povos indígenas no Brasil é efetivado por sujeitos político-econômicos bem conhecidos, tais como, dentre outros, latifundiários, usineiros, empreiteiras, mineradoras. Em cada região e período histórico de nosso país, atuaram e atuam com avareza na perspectiva de se apossar e explorar as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos."

La policía comunitaria y el movimiento contra La Parota, en Guerrero, se enfrentan a la represión del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Detrás del hostigamiento, señalan las autoras, están los intereses empresariales.