Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Los sobrevivientes de los ataques gubernamentales y paramilitares contra las comunidades indígenas recuerdan los agravios en su contra y reclaman justicia, en medio de un clima de miedo que no se fue nunca de Chiapas.

"Pedimos al gobierno nacional expedir un decreto de Respeto a los dirigentes campesinos y populares de Casanare comprometidos en la movilización, y es necesario igualmente el respeto y cumplimiento de los acuerdos logrados en mesas anteriores de negociación con indígenas y otras comunidades del departamento."

El modelo agrario requiere de grandes extensiones de tierra, que los empresarios decidieron conseguir por medio del despojo. Quienes padecen las consecuencias no son sólo los campesinos expulsados de sus tierras, sino sus acompañantes y los periodistas que documentan.

A CONTAG – Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura manifesta seu mais veemente repúdio às declarações públicas dos ruralistas do estado do Mato Grosso do Sul que, em frontal desrespeito ao estado democrático de direito, se propõem a realizar leilão para montar ou financiar segurança privada para coibir e atacar as comunidades indígenas.

"Hacemos un llamado a la prensa local, nacional e internacional difundir los atropellos que sufrimos las comunidades indígenas que no formamos la zona lacandona. Exigimos justicia para nuestros pueblos y que el gobierno de Manuel Velasco Suárez investigue, ya, la Masacre de Viejo Velasco."

Noemí Labrune, histórica dirigente de los derechos humanos de la Patagonia, traza paralelos entre el genocidio indígena y la dictadura militar, resalta la necesidad de marchar no sólo los 24 de marzo, acompaña la lucha del Pueblo Mapuche y llama a conmoverse también cuando asesinan a los jóvenes de las barriadas pobres.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) acudió a las tierras bajas de Tila, en la zona norte del estado, a escuchar y recoger los testimonios y denuncias de los indígenas víctimas de la guerra de baja intensidad.

"CEDHU e INREDH rechazan la decisión gubernamental de cerrar la Fundación Pachamama y comprometen su apoyo en todas las acciones jurídicas, nacionales e internacionales, que se lleven a cabo para lograr la reapertura de la Fundación Pachamama y las garantías necesarias para que continúen con su trabajo."