Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

No dia 21 de outubro, completaram-se cinco anos do assassinato do trabalhador rural Valmir Mota de Oliveira, o Keno. O crime foi cometido por pessoas ligadas à NF Segurança, empresa contratada pela Syngenta, e ocorreu em Santa Tereza do Oeste, PR, na área em que a multinacional realizava experimentos ilegais com transgênicos.

El pasado viernes 19 de octubre el asesino de Miguel Galvan, Paulino Rizo Patrón salió caminando libremente por la puerta del hospital del Chaco luego de haberlo acuchillado a Miguel en el cuello, tres días atrás en el paraje El Simbol entre Santiago del Estero y Salta. Gracias al Juez Dilacio, quien aparentemente se “olvido” de ejercer la custodia policial para con el protagonista del asesinato político más resonante del año.

En apenas once meses, toda esta sangre. Y la indiferencia. A pesar de los tiros, las puñaladas, los campesinos heridos, los campesinos muertos: la guerra. En el monte santiagueño, ahí donde la tierra se confunde con el Chaco y con Salta, las imágenes se repiten: el desembarco de las topadoras, los alambrados todavía brillosos, las guardias armadas, la expulsión de los habitantes a manos de empresarios apañados por efectivos de la Policía y funcionarios de la Justicia.

La masacre de Totonicapán, en Guatemala, llega hasta Asamblea de la CLOC-VC.

"En sólo una semana, han surgido varios ataques nuevos, amenazas y asesinatos de varios representantes de La Vía Campesina. Ya es tiempo que Europa reconozca la vulnerabilidad específica de los campesinos y la agresividad cada vez mayor contra ellos."

"La falta de cumplimiento del deber estatal de realizar una consulta previa ha generado una profunda disputa entre los intereses mineros y los de las comunidades. La respuesta estatal se ha caracterizado con represión de la protesta social y criminalización de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios."

Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.

Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos.