Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

“El genocidio del general Roca continúa hoy en Tucumán, denunció la comunidad Indio Colalao. Desde la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos."

"Existen varios testimonios que aseguran haber visto a policías que ejecutaban de manera directa a personas que ya se estaban entregando", uno en particular describe como un campesino se estaba "entregando con una mano alzada en señal de rendición y con un niño en la otra mano, cuando un policía lo ejecuta de un tiro en la cabeza"

"Desde hace aproximadamente año y medio, vienen organizándose 85 familias de la parroquia Carayaca para el rescate de predios que se encuentran en total improductividad desde hace aproximadamente 40 años. A partir del 30 de mayo se dio inicio a los procedimientos requeridos, para el rescate de las tierras. De inmediato se iniciaron medidas de hostigamiento y amedrentamiento por parte de distintos cuerpos de seguridad."

"Denunciamos que cuando nuestra comunidad reclamó por las violación de nuestros derechos, encontró una justicia que en vez de protegernos en el marco legal existente; nos persigue, nos reprime, nos encarcela, viola derechos elementales, demostrando que existe un plan sistemático donde intervienen policías, jueces de paz, fiscales, jueces, legisladores y funcionarios parientes, asociados a grupos empresarios con intereses en la expansión de la frontera sojera."

Santiago Martínez Galeano es concejal municipal de Curuguaty por el Partido Popular Tekojoja, miembro de la Asociación Campesina de Maracaná, y coordinador de la asociación cultural-popular de Canindejú. Dialogó con la Brigada Anguirû y relató lo que se vivió el día de la masacre, qué pasó con los campesinos asesinados, a quién pertenece la tierra de Campo Morumbi y cómo fue el tratamiento político y mediático de los asesinatos que habilitaron a la derecha a realizar un golpe de Estado en Paraguay.

Las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad.

En Guatemala los grupos de poder, a través del gobierno actual, pretenden modificar la Constitución Política de la República para favorecer sus intereses y consolidar su poder. No existe otra lectura posible. Seis meses han sido suficientes para comprobar que este gobierno está al servicio de los sectores con poder, y en contra de los intereses de la gran mayoría de guatemaltecos.

Gobierno amenaza con declarar estado de sitio y suspender las garantías individuales como en los tiempos de Micheletti.