Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En la misma semana en que los venezolanos lloran la muerte por cáncer del presidente Hugo Chávez, uno de los más destacado defensores de la recuperación del territorio indígena en Venezuela fue asesinado.

Situado en el extremo del sur y del dolor, el país del pueblo mapuche sufre ahora una de las ofensivas más brutales entre las muchas que hostigan a los pueblos indígenas de las Américas. Gracias a una larga dictadura delincuencial, en Chile el Estado posee instrumentos de excepción “legal” para perseguir sin tregua a los mapuche, a sus organizaciones y a sus poblados, así como a sus migrantes en las ciudades.

El intendente de Tinogasta, Hugo “el grillo” Ávila, amenazó en medios radiales que iba a desalojar por la fuerza el bloqueo selectivo e informativo que mantiene el pueblo tinogasteño sobre la Ruta Nacional 60, el cual impide hace ya más de un año el paso de maquinarias y de camiones con insumos y explosivos con destino hacia los distintos proyectos megamineros de la región.

Las organizaciones El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y delegación de Guatemala de la CLOC- Vía campesinas Centroamericanas reunidas en Managua-Nicaragua desde el 11 al 13 de febrero 2013, manifestamos nuestro repudio por las persecuciones, agresiones y amenazas en contra de su dirigencia una de las organizaciones miembro de dicha instancia.

Conflicto agrario fue tema de discusión en Brasil en el marco del Seminario Internacional Violencia en el Campo.

Miembros de la operación Xatruch III, al mando del coronel Germán Alfaro Escalante, la policía y los guardias de seguridad, atacaron con bala viva a campesinos de la finca paso Aguán, en la comunidad de Panamá, ubicada en el municipio de Trujillo.

Benjamín “Toto” Lezcano es solo el primero de una lista de nueve líderes que empresarios sojero-ganaderos planearían ejecutar. El trasfondo es la resistencia campesina a los proyectos de sojización del lugar. De por medio está la policía local, que ha venido teniendo conductas que exigen una aclaración pública.

"Exigimos a las distintas instancias gubernamentales y del Estado, a quienes les compete por obligación la responsabilidad de impulsar la debida investigación que conduzca a dilucidar y establecer verdad y justicia, y no la habitual impunidad, olvido o distorsión con que se suele dar respuesta a estos hechos”, reivindica la CODEHUPY.