Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Fue un doble asesinato. El dirigente campesino Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Conteras circulaban en su camioneta en la carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón, en Chihuahua, el pasado 26 de octubre, cuando les dispararon.

"El 5 de noviembre Gabriel Galván, fue a dar su declaración testimonial por el asesinato de su hermano, y quedó detenido y encarcelado. En el reino del revés, esta acusado por el asesino Paulino Rizo Patrón por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio contra Miguel Galván y contra el mismo Paulino Riso Patrón."

Expertos que han trabajado para Naciones Unidas analizaron diversos los casos de El Zapotillo, La Yesca y Las Cruces, entre otros. Pidieron parar las obras por violentar el derecho a la consulta, a la vivienda y al agua, entre otros.

"Ya pasaron más de 10 días desde la desaparición del Líder Miguel Pabón, afectado por la construcción de Hidrosogamoso. Diversas organizaciones y comunidades en Santander continúan la búsqueda de Miguel por la zona."

“Impulsan la violencia para imponer su proyecto de regularización, pese a que esta “tierra ya está entregada a los que realmente la viven y la trabajan”, afirma la Junta de Buen Gobierno."

"O grito ecoa brasil e mundo afora. Uma campanha se espalha pela rede social, como um eco do genocídio e violência contra o povos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Desde o dia 29 uma delegação desse povo está em Brasília numa intensa agenda de debates, mobilizações, imprensa e órgãos do governo e organismos aliados de sua causa."

"Entrevista a Lizzie Díaz, integrante de la Secretaría Internacional del WRM. En febrero pasado estuvo en Honduras apoyando la realización del video/documental “Bajo Aguán: Grito Por la Tierra”, producido por ALBA SUD y la Rel-UITA, con la colaboración de WRM y FIAN Internacional."

"Cientos de indígenas chiapanecos e inmigrantes centroamericanos viven en una situación de esclavitud en las fincas cafetaleras propiedad de alemanes, "solapada y hasta fomentada" por el gobernador Juan Sabines Guerrero, denunció Olegario Carrillo Meza, presidente de la UNORCA, quien además ha iniciado una campaña para informar ante organizaciones defensoras de derechos humanos en el país sobre las condiciones, prácticamente "feudales", con que son tratados los trabajadores cafetaleros."