Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Emboscan a tres integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala; hay dos muertos y un herido de gravedad. ¡Fuera paramilitares! ¡Alto al hostigamiento! Envía cartas al gobierno nacional exigiendo que se responsabilice inmediatamente por los hechos represivos.

La ley 30 conocida como la ley chorizo, ley langosta, ley camarón, ley del golazo o ley 9 en 1 por la forma en que el órgano ejecutivo dirigido por el mandatario Ricardo Martinelli, fue presentada a la asamblea de diputado para su aprobación a puerta cerrada y bajo la intimidación de agentes la policía el sábado 12 de junio.

"La explotación petrolera en el Casanare ha estado acompañada de manipulación, violencia y negación de derechos fundamentales. En este contexto realizan su trabajo empresas como BP, ECOPETROL y OCENSA. La Unión Sindical Obrera nunca pudo hacer presencia directa debido a las amenazas paramilitares y a los señalamientos de los militares."

Heridos y sólo con lo que traían puesto, decidieron abandonar sus casas. Narran los asesinatos y el asedio que resistieron durante 10 meses

"Denunciamos al gobierno de Rafael Correa por los brotes de violencia que causa, exigimos el cese inmediato de la represión contra las comunidades de Zamora Chinchipe y la conducción de un verdadero proceso de ordenamiento territorial participativo en la Cordillera del Cóndor y en toda la región sur del país."

Un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, sino establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente.

"Condenamos frontalmente este intento de Golpe de Estado... Creemos firmemente que los acontecimientos en Ecuador son acciones desesperadas de la oligarquía, representada por la derecha, con el único objetivo de preservar los intereses del capital, a largo de la historia han perjudicado a la clase campesina del Ecuador."

El Día Mundial del Ambiente, 5 de junio de 2009, los indios peruanos de la Amazonía fueron masacrados por el gobierno de Alan García en el último capítulo de guerra, una larga campaña por asumir el control de las tierras indígenas comunitarias, provocada por la firma del acuerdo de libre comercio (FTA, sigla en inglés) entre Perú y Estados Unidos.