Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Crisanta Pérez fue liberada por integrantes de la Comunidad las Escobas luego de ser detenida hace pocos días por la policía acusada injustamente por delitos que no ha cometido, su único actuar ha sido defender la Madre Naturaleza, Los Derechos Humanos y la vida, ante las actividades mineras.

Toda vez que cruzo la cordillera para ir hasta el Gulumapu, hoy llamado Chile, me pregunto como sería para nuestros ancestros cruzarla sin papeles, sin fronteras, sin gendarmes ni carabineros, con el permiso de los pu newen, fuerzas de la naturaleza a quienes se encomendaban.

Desde que explotaron nuevamente los conflictos reivindicativos de tierras a mediados de los noventa, nuestro pueblo, en proceso de liberación, viene sufriendo una clara persecución política. Ello se ha traducido en claros abusos, con irrupción policial en reiteradas oportunidades sobre las comunidades “sospechosas” de apoyar “actividades ilegales” o de dar refugio a quienes participarían en ellas.

"La judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular."

O líder do Movimento dos Sem-Terra João Pedro Stédile criticou ontem a prisão de nove pessoas ligadas ao MST nesta semana, disse que "ocupar terra pública não é crime" e prometeu uma campanha "de denúncia" contra a Cutrale por injustiças que atribuiu às atividades da fabricante de suco.

La coalición de organizaciones ecologistas –una de las más importantes de Argentina- dio su apoyo a la comunidad Paichil Antriao, amenazada por intereses inmobiliarios. La RENACE también denunció que el feroz ataque del gobierno de Jorge Sapag y su familia contra las comunidades Mapuche de Neuquén busca allanar el camino para las grandes empresas mineras.

La crisis financiera internacional ha impulsado el precio del oro que llegó en 2009 a su récord histórico de 1200 US$ la onza. El costo humano de esta especulación es muy alto. En los últimos seis meses, tres ambientalistas opositores a la minería de oro y plata, fueron asesinados en El Salvador.

Las recurrentes violaciones a la Ley 11.273 de de la mal llamada ley de Fitosanitarios han sumado una nueva faceta: la amenaza lisa y llana a los vecinos que reclaman por los perjuicios a su salud debido a las fumigaciones.