Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) vem à público repudiar toda e qualquer acusação caluniosa e difamatória apresentada pelo candidato de extrema direita Jair Bolsonaro (PLS) contra os povos indígenas do Brasil. O Cimi manifesta, também, solidariedade a estes povos pelas ofensas injustas, que mais uma vez sofrem.

La familia de la lideresa y defensora ambiental lenca Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en Honduras por la empresa DESA, se declaró “en rebeldía contra la farsa y la injusticia” ante ” la confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato”.

El defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez fue asesinado este miércoles en la comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua, luego de que pidiera, junto con otros pobladores, la nulidad de permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a mestizos en el territorio indígena.

Horacio Reyes Corvalán falleció el 23 de octubre después de diez días de agonía. El campesino del Paraje de Suncho Pampa ubicado a 260 km. de la ciudad Capital de Santiago del Estero, encontró el final producto de las lesiones sufridas en el violento desalojo que realizó la Policía de la Comisaría de El Mojón.

Luego de nueve años, la Justicia tucumana condenó al responsable de la muerte del líder de la comunidad de los Chuschagastas. En este fallo, los cómplices del asesinato también recibieron las penas de 18 y 10 años de prisión.

"El tribunal de sentencia decidió retirar la representación del equipo legal de la familia de Berta Cáceres, del COPINH y de Gustavo Castro excluyéndolos sin notificarles oficialmente, y le otorgó al Ministerio Público la representación legal de los intereses de las víctimas. El juicio se lleva adelante desde este lunes 22 en absoluta irregularidad, sin la representación de las víctimas en el proceso".

La reciente decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de Paraguay de procesar a los jueces Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto – por haber revocado la sentencia de los 11 campesinos condenados por la masacre de Curuguaty – vuelve a movilizar al país vecino contra la vergonzosa manipulación del poder judicial por los grandes terratenientes.

Em apenas três dias, três assassinatos violentos ocorreram no interior do país – todos relacionados à disputa por terras. Das vítimas, duas eram indígenas e uma delas liderava um assentamento de sem-terra no Pará. Dois deles já tinham sofrido ameaças de madeireiros ou de grileiros de terras.