Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, denunció este lunes en Guatemala una serie de obstáculos previo al inicio en septiembre del juicio por el crimen en contra de ocho imputados.

Detrás de las luchas territoriales en Honduras existen centenares de historias que son protagonizadas por mujeres indígenas y campesinas. Son rostros coincidentes en la defensa territorial, en la persecución de que son objeto y en las acusaciones que existen en su contra, contenidas en expedientes guardados en el Ministerio Público.

Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”, así comienza un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional. La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

"Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales".

En medio del avance del agronegocio, la represión y los constantes golpes a las organizaciones sociales, la liberación de los campesinos presos y su retorno a las tierras de Marina Kue, donde junto a otras familias rurales construyen hoy un nuevo asentamiento campesino, constituye un bálsamo y un nuevo impulso para las luchas populares.

Los diferentes casos recogidos en la publicación tienen como característica en común que “las mujeres tienen un papel preponderante en la defensa de los territorios y que, a pesar de sus limitantes por abrirles pocas oportunidades o espacios, ellas siempre están incursionando decididamente.

"Consideramos que la tierra de Marinakue debe ser garantizada para las campesinas y los campesinos víctimas y familiares de víctimas de la masacre. Por extensión, no descansaremos hasta que todas y todos los paraguayos tengamos derecho al disfrute de la tierra propia para la vivienda y para la producción".

A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.