Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El 8 se septiembre llegaron personas armadas al domicilio de Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta, en Aguamilpa, municipio del Nayar, estado de Nayarit, y lo asesinaron con disparos en su rostro.

"Se suspendió tras la decisión del COPINH y la familia de Berta de interponer ante el Ministerio Público de Honduras una acción de recusación en contra del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia. El COPINH tomó esta desición en respuesta a las múltiples irregularidades cometidas por dicha instancia de justicia durante todo el proceso previo al juicio y su falta de voluntad de juzgar a los autores intelectuales del crimen".

Casas, escola, área de produção, ciranda infantil, centro comunitário, sede da agroindústria de processamento de alimentos, viveiro de mudas e os 20 hectares de agrofloresta em produção: tudo isso está ameaçado.

Diecisiete organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. 

Más de 15 ejidatarios de Acuexcomac, Atenco, fueron atacados “a punta de balazos y golpes” y desalojados del campamento que mantenían desde meses atrás para impedir el paso de góndolas y transportes que conducen material pétreo hacia el polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El 30 de agosto de 2018, el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en contra del Estado ecuatoriano en el caso Chevron/Texaco, perjudicando a decenas de miles de personas afectadas por las operaciones de esta empresa en la Amazonía ecuatoriana.

En esta temporada de cosecha, no espigarán las milpas, ni habrá fiesta en los bienes comunales de Cacahuantepec porque el gobierno se obstina en darles trato de delincuentes a los campesinos que se han atrevido a empuñar su acero para defender sus tierras. Su consigna de que ¡la tierra no se vende, se ama y se defiende! les ha costado muy caro. ¡Demandamos el cese de la persecución contra miembros del CECOP!

La minera Coeur Mexicana reprime “e incluso asesina” a los pobladores de las comunidades de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que denuncian las irregularidades en el cumplimiento de los contratos y las concesiones cometidas por la empresa, acusó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).