Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) denuncia o assassinato do companheiro Katison de Souza, militante e líder camponês no Estado do Pará na manhã deste sábado, 2 de junho.

Las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en apoyo de la adopción de un tratado internacional de derechos humanos sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales llamamos a todos los Estados Miembros a participar activa y constructivamente, y sin demora, en esta etapa del proceso, contribuyendo a las negociaciones del contenido del tratado, para proteger los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas por las operaciones de las ETN y OENs, asegurando su acceso a un recurso efectivo, y para poner fin a la impunidad corporativa de los abusos contra los derechos humanos.

"Los pueblos indígenas aún no tienen seguridad sobre sus territorios y esto afecta el derecho más importante que tienen, que es, precisamente, el derecho al territorio. El Estado ha buscado imponer en ellos un modelo de desarrollo que prioriza la inversión privada y los intereses económicos."

A nueve años de los sucesos de Bagua, compartimos un breve documental realizado por Martin Ladd, producido por IWGIA y Ore-media.

05 de Junio - En el Día Internacional del Ambiente las organizaciones ecologistas solicitamos a las personas diputadas de aprobar el proyecto de Ley Expediente N.o 19.610, que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida.

“La situación es en extremo grave porque en menos de veinte días se han dado tres asesinatos contra dirigentes de comunidades que mantienen un proceso de negociación en el que participa el Estado”

Ante la respuesta organizada de la sociedad frente al conflicto socioambiental, el gobierno de Cambiemos Mendoza una vez más anula el diálogo democrático y respetuoso; responde apelando a una campaña mediática de desprestigio del trabajo de las asambleas llamándolos “Los Metemiedo”, “Ecoterroristas”, este proceso feroz de criminalización de la protesta social, al día de la fecha cuenta con un detenido y decena de imputados.

"La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la medida que proyectos extractivistas en contra de la decisión de las comunidades y el bien común se multiplican".