Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Del total del agua en el mundo, apenas uno 2,75% es dulce y, por lo tanto, adecuada para el consumo humano. Uno 31% de las fuentes de agua potable disponibles en el mundo está en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 110 millones sufren con la falta de saneamiento".

"En todas estas situaciones de avasallamiento y de amenazas, sobretodo a nuestros derechos colectivos como pueblos originarios, lo que demuestran es la clara complicidad que existe entre los asesinos, en este caso el terrateniente Darío Luis Amín, las fuerzas de seguridad y la justicia tucumana, que todos estos años ha mirado para otro lado y que también es cómplice".

En lo que es el primer caso de un líder mapuche extraditado en la historia argentina, la Corte Suprema de Justicia argentina confirmó ayer que Facundo Jones Huala, referente mapuche de la Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut, debe ser juzgado por la justicia de Chile.

La hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, denunció este lunes en Guatemala una serie de obstáculos previo al inicio en septiembre del juicio por el crimen en contra de ocho imputados.

Detrás de las luchas territoriales en Honduras existen centenares de historias que son protagonizadas por mujeres indígenas y campesinas. Son rostros coincidentes en la defensa territorial, en la persecución de que son objeto y en las acusaciones que existen en su contra, contenidas en expedientes guardados en el Ministerio Público.

Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”, así comienza un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional. La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

"Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales".

En medio del avance del agronegocio, la represión y los constantes golpes a las organizaciones sociales, la liberación de los campesinos presos y su retorno a las tierras de Marina Kue, donde junto a otras familias rurales construyen hoy un nuevo asentamiento campesino, constituye un bálsamo y un nuevo impulso para las luchas populares.