Crisis capitalista / Alternativas de los pueblos

El último 4 de junio se realizó en Santa Fe (Rosario) — también en Mendoza y Catamarca— una audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas. La actividad forma parte de un proceso que se viene construyendo desde marzo de 2022 y busca escuchar a las y los actores afectados, directa e indirectamente, por el modelo de producción, distribución y consumo del sistema vigente. La denuncia es no solo hacia la violación de los derechos humanos, sino también a los derechos de la naturaleza y su asimétrico impacto en los territorios y poblaciones del sistema-mundo.

Ecologistas en Acción considera que se están produciendo avances en las discusiones técnicas de la Cumbre del Clima COP23 de Bonn, lo que no implica necesariamente que se vayan a traducir en decisiones políticas ni que estén a la altura del reto climático.

Alejandra Flores es mujer aymara, convencional constituyente por la región de Tarapacá e integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI). En entrevista con Radio Mundo Real, contó: “esta propuesta es muy robusta en temas de derechos sociales. En la actual Constitución no tenemos el derecho a la salud sino el derecho a elegir qué sistema de salud integrar, y eso se repite con la educación, ahora (en el borrador constitucional) queda garantizado el derecho a una educación gratuita, a la vivienda digna, los derechos de niñas, niños y adolescentes, los derechos de las personas mayores, de las personas con discapacidad, los derechos de la naturaleza y los animales, y el reconocimiento de nuestro país como plurinacional, intercultural y ecológico”.

En el marco de la Segunda Marcha Plurinacional de los Barbijos, el sábado 4 de junio se realizó en Rosario una nueva audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas, con la participación de colectivos que llegaron de distintos lugares del país.

“Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”; esta consigna nos ha dado unidad en estos 30 años de historia de La Vía Campesina. Nos ha guiado en la lucha incesante contra la intervención de la Organización Mundial del Comercio (OMC), contra la comercialización de alimentos al servicio de las grandes corporaciones capitalistas, que han transformado los alimentos en mercancías, y en la lucha por la Soberanía Alimentaria. Pero hoy se presentan nuevos desafíos. Las crisis de hambre están estallando en varios países del mundo. Frente a esto, La Vía Campesina comparte su análisis de la situación y sus demandas por un cambio urgente y radical en las políticas internacionales y nacionales.

Luego de cinco años de lucha, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, y las organizaciones que las acompañan lograron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cancelara de manera definitiva el contrato de suministro eléctrico firmado con la empresa francesa Électricité de France (EDF), con lo que el megaproyecto eólico Gunaa Sicarú fue cancelado de manera definitiva.

El retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes, temperaturas altas en ecosistemas como el Chaco y la Amazonía y eventos extremos cada vez más frecuentes son algunas de las manifestaciones que ya se miran en América Latina a causa de la crisis climática. La pérdida acelerada de las especies en países biodiversos como los latinoamericanos y la contaminación de mares, ríos, aire y suelo, son los otros retos ambientales que enfrentan los países de la región.

Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, La Vía Campesina ha denunciado las políticas neoliberales y de libre comercio que están destruyendo al campesinado y desestabilizando los sistemas alimentarios locales en todo el mundo. De Seattle (1999) a Cancún (2003), de Hong Kong (2005) a Buenos Aires (2017), hemos luchado contra la imposición de un orden de libre comercio al servicio de las grandes empresas y de los multimillonarios.